El martes 29 de marzo la DIAN junto con la Policía Fiscal y Aduanera llevaron a cabo un operativo en el centro de Cúcuta, a escasos metros de la Alcaldía y de la Gobernación de Norte de Santander.

El operativo inició en la mañana y terminó en disturbios pasado el mediodía. Sobre estos hechos, hay varios interrogantes que no fueron resueltos en las declaraciones públicas que realizaron distintos funcionarios de la Policía y que evidencia la falta de coordinación y comunicación entre las instituciones que deben hacer frente a los temas de seguridad en la región.

En primer lugar, en el sitio de los hechos no hizo presencia ningún funcionario de la Alcaldía o de la Gobernación que deben atender estos temas. Por ejemplo, al saber que podría presentarse inconvenientes y resistencia por parte de las personas a las que se les iba a incautar mercancía, era importante comunicar a la Defensoría del Pueblo y a las secretarías de gobierno de la Alcaldía y de la Gobernación.

Sin embargo, parece que el alcalde y el gobernador no se habían enterado del tema sino hasta que iniciaron los disturbios, las piedras y los gases lacrimógenos. Esto lo digo porque ninguna autoridad de estas hizo referencia a estos hechos.

En segundo lugar, el operativo no parece ser fruto de una investigación judicial adelantada por la Fiscalía en contra de una red de contrabando o de falsificadores de marcas. Todo lo contrario. Según las declaraciones de quien dirigía el operativo, fue un “procedimiento normal de policía” frente a unos comerciantes del sector.

Ahora, si la Policía tenía indicios de una gran red de contrabando o falsificadores, lo ideal era dar a conocer previamente estos hechos a la Fiscalía. Pero esto no parece haber ocurrido.

En tercer lugar, el operativo se salió de control y tardó varias horas en dispersarse a los comerciantes que protestaban. No parece haberse tenido en cuenta que en el centro de Cúcuta funcionan las principales entidades públicas de la ciudad, instituciones educativas, entidades comerciales y financieras que se vieron afectadas por una pésima planeación. Fue un día en el que no se pudo trabajar.

El operativo terminó afectando a los mismos funcionarios de la Alcaldía que tuvieron que encerrarse un par de horas dentro del Palacio Municipal.

Más allá de estos pormenores de un operativo mal planeado, sería bueno que la Alcaldía. la Gobernación, la Policía y la DIAN se pusieran de acuerdo y dijeran con claridad si en los próximos meses seguirán haciendo este tipo de incautaciones o si esto obedeció a un hecho no planeado que se salió de control para cumplir objetivos institucionales.

Me explico. Este tipo de situaciones deben servir para reflexionar sobre cuáles son los principales objetivos en materia de política criminal para la región, cuáles deben ser las prioridades para las instituciones que hacen frente a los problemas de seguridad y cómo esto se ajusta a los planes de desarrollo y de seguridad institucionales.

En otras palabras: las autoridades deben responder si son los zapateros que usurpan marcas el principal objetivo en materia de seguridad de la región. No lo creo. Y la razón de ello es que este delito no es uno de los delitos de alto impacto priorizados en el Plan de Desarrollo y en el Plan de Seguridad municipal y departamental.

El ambiente que dejó este pésimo operativo es que necesitaban presentar estadísticas en materia de contrabando y de usurpación de marcas. Esto tipo de prácticas suelen percibirse como actos que desconocen el contexto de una ciudad como Cúcuta, donde 67 de cada 100 personas salen todas las mañanas a buscar lo del almuerzo, la comida y el desayuno del día siguiente.