Colombia está cometiendo uno de los errores económicos más costosos: sacrificar la inversión para sostener el funcionamiento del Estado. Estamos hipotecando el crecimiento de mañana para financiar los gastos de hoy. Y lo más preocupante:lo hemos normalizado.

En cualquier hogar, cuando los ingresos no alcanzan, se revisan los gastos. Nadie sensato deja de reparar el techo para mantener intactos sus consumos. Sin embargo, eso hacemos con las finanzas públicas. Aplazamos carreteras, acueductos, colegios e infraestructura productiva, mientras el gasto recurrente continúa creciendo.

El problema no es solo fiscal, es económico y territorial. Cada carretera que no se construye encarece el transporte de productos agrícolas. Hoy los costos logísticos equivalen al 15,6% de la facturación de una empresa, casi el doble del 8% de la OCDE. Cada acueducto aplazado limita el desarrollo de un municipio. Cada proyecto energético postergado deteriora nuestra capacidad productiva. La inversión pública no es un lujo presupuestal: es una condición para producir riqueza.

Hablamos del tamaño del déficit, pero poco de la calidad del gasto: no es lo mismo endeudarse para financiar burocracia que para construir infraestructura que eleve la productividad por décadas.

No toda inversión es buena. Los elefantes blancos lo demuestran. Debemos distinguir entre proyectos que producen valor público y gastos que perpetúan inercias institucionales.

Propongo tres cambios:

Primero, proteger la inversión pública estratégica. Los proyectos con rentabilidad social demostrable, estudios técnicos completos y financiación plurianual deben primar sobre el crecimiento del gasto administrativo. La inversión no puede seguir siendo la variable automática del ajuste fiscal.

Segundo, evaluar el presupuesto por resultados y no solo por ejecución. Gastar el 100% de una apropiación no demuestra eficiencia. Importa saber qué empleos genera el gasto, cuánto reduce los costos logísticos, cuántos hogares acceden a agua potable y cómo mejora la productividad regional. Ejecutar es gastar; gestionar bien es transformar.

Tercero, movilizar capital privado hacia infraestructura mediante concesiones, asociaciones público-privadas y mecanismos sostenibles de financiación territorial. Colombia no puede esperar a resolver susrestricciones fiscales para construir las obras que necesita, pero tampoco puede trasladar compromisos al futuro sin valorar sus costos y riesgos.

También hay una dimensión de equidad. El deterioro de la inversión golpea más a los territorios pobres. Una gran ciudad resiste mejor el aplazamiento de una obra. Para un municipio apartado, una vía o un acueducto pueden decidir si atrae empresas y conecta a sus productores con losmercados.

Por eso, el verdadero ajuste fiscal no comienza preguntando cuánto debemos recortar, sino qué Estado queremos financiar: uno cada vez más costoso para funcionar o uno capaz de convertir los recursos públicos en oportunidades.
Un país puede soportar por un tiempo el desequilibrio entre ingresos y gastos, pero no puede consumir indefinidamente los recursos que necesita para crecer. Cuando un gobierno recorta inversión estratégica para preservar su funcionamiento, no ahorra: está enviando la factura a las próximas generaciones.

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