Hay que partir de un hecho innegable: ni Márquez ni Santrich, ambos miembros del secretariado, se desvincularon nunca del narcotráfico. Quizás dejaron de portar fusil, pero nunca dejaron las actividades criminales. La captura de Santrich se produjo en abril del año pasado y de inmediato Márquez, Romaña y el Paisa se esfumaron. Su retorno a la clandestinidad no puede atribuirse, de ninguna manera, a Uribe o a Duque, que ni siquiera había sido elegido. Ese señalamiento no solo es injusto y falso sino canalla porque deja de atribuirle la responsabilidad a los criminales y a quienes se estaban burlando del acuerdo manteniéndose en el narcotráfico y se la endilga a quienes solo han señalado las fallas del acuerdo y advertido de sus riesgos. 

Y fueron la JEP, el Consejo de Estado y la Suprema quienes facilitaron la fuga de Santrich, no el uribismo. La JEP no decidió durante un año sobre la solicitud de extradición y cuando lo hizo fue contra la evidencia, por fuera de su competencia, y para dejarlo en libertad. El Consejo de Estado le dio un fuero de congresista que no tenía. La Suprema ordenó de nuevo su libertad y ni siquiera cuando desapareció ordenó su captura. La JEP todavía no ha decidido un recurso de la Procuraduría. A Márquez y a los demás les permitió una y otra vez no presentarse. Hoy ordena su captura, sin tener competencia, pero no los expulsa. 

La verdad es que Márquez y su banda se devuelven al monte porque temían ser extraditados o porque, como creen muchos, ejecutan su parte en una estrategia en la que un sector de las Farc aprovecha las inmensas ventajas que les otorgó Santos y el otro se mantiene en las armas y en los negocios del narcotráfico y la minería ilegal. O por ambas razones. 

Yo prefiero pensar que hay gente de las Farc que genuinamente le apuesta a dejar la violencia. A la guerrillerada de base desmovilizada hay que cuidarla y facilitarle su reinserción efectiva. Pero en la comandancia y en el Congreso todavía quedan quienes lucharon por la libertad de Santrich contra la evidencia incontrastable de que es mafioso. Esos jefes tienen la obligación de romper de manera definitiva con los que armados y, además, la de colaborar de manera efectiva en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Y deben señalar quienes eran sus aliados políticos y quienes les daban apoyo logístico, que nunca se desmovilizaron. Hay que evitar que esos apoyos beneficien a Márquez y su banda. 

La amenaza de Márquez y demás no es menor. Las “disidencias”, que nunca se desmovilizaron, controlan los frentes más directamente vinculados contra el narcotráfico, ricos y poderosos, entre ellos el 1, 7, 16, 40 y 48, tenían como mínimo 900 hombres en armas. La Fuerza Pública calcula en 1.700 los “reincidentes”. Entre unos y otros, 2.600. Hay que agregar las redes logísticas. Cerca de cuatro mil hombres. Y se anuncia una coordinación de acciones con el Eln que, según una fundación de izquierda, tenía 3.000 hombres en el 2016. Sumados, 5.600 en armas y además las redes de apoyo. 

El Estado tiene la obligación de combatir con todos sus recursos estos bandidos. Tiene que resolver esta situación esquizofrénica: tenemos un orden constitucional y legal de postconflicto, una institucionalidad, una doctrina militar, una disposición de fuerza en el terreno y un presupuesto para este escenario, pero la realidad es de conflicto armado. Acá “paz” nunca ha habido y ahora, con el anuncio de Márquez, esa realidad no podrá ser negada. 

Si no superamos la esquizofrenia estaremos en el peor de los escenarios: unos violentos riquísimos, por cuenta del narcotráfico y la minería ilegal, que aprovechan las ventajas del pacto de Santos y una sociedad maniatada porque no tendrá las herramientas normativas, institucionales, de doctrina y estructural militar y policial y de presupuesto que necesita para enfrentarlos. Todo ello, con apoyo del régimen chavista. 

Para rematar, una sociedad y unas élites políticas no solo polarizadas sino con fracturas profundas y sin acuerdos mínimos para combatir a los violentos y el narcotráfico ni sobre las maneras para hacerlo. 

No, no es “una tormenta en un vaso de agua”, es un peligro inmenso y real.