A medida que pasan las semanas de cuarentena, constatamos con mayor claridad la dimensión de la crisis ocasionada por el Coronavirus. Vivimos tiempos que jamás pensamos que nos corresponderían. El aislamiento social, el pánico globalizado, el derrumbe de las economías en el mundo entero, la posibilidad de ver en tiempo real la forma como en los países ricos y desarrollados se muere la gente contagiada en sus hospitales. Es cierto que esta crisis igualó a los seres humanos y las naciones, pero al mismo tiempo puso en evidencia el drama de la desigualdad social. El sentimiento universal de impotencia e incertidumbre no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Aunque se convirtió en un lugar común, es innegable que el mundo no será igual después de esta pandemia.
En el caso del Norte de Santander el Coronavirus nos llega en el peor momento. Trastorna todos los planes que tenían los nuevos mandatarios, mientras que el drama de la migración venezolana continúa. Además, desde hace años padecemos altas tasas de desempleo e informalidad, como consecuencia de la crisis venezolana, a pesar de múltiples esfuerzos de la década anterior y medidas de distintos gobiernos para enfrentar esa crisis. Incluso en el actual gobierno, con el respaldo y empuje de la bancada parlamentaria, se expidieron normas positivas que crearon las Zonas Especiales Económicas y Sociales, ZESES, que buscaban con beneficios tributarios generar inversión estable y de largo plazo en la región.
Frente a este tema particular, el gobernador, el alcalde de Cúcuta y los demás alcaldes, deberían pedir al gobierno que se suspendieran los plazos establecidos para acceder a los estímulos tributarios, ya que es evidente que al menos en el próximo año nadie estará pensando en nuevas inversiones, sino en mantener abiertas las empresas y proteger los empleos actuales. La fecha prevista de plazo es hasta mayo del 2022, por lo que se debería solicitar la ampliación por lo menos 1 año más. Las razones son más que justificadas por esta crisis.
Se requiere entonces en las actuales circunstancias un liderazgo fuerte y activo de Silvano Serrano y Jairo Yáñez, que acaban de recibir un mandato fresco y contundente de la ciudadanía. Y que todos respaldemos sus iniciativas y decisiones en materia de salud para controlar la epidemia en nuestro territorio. Sin embargo, más allá de la indispensable protección de la salud y la vida de cucuteños y nortesantandereanos, es fundamental diseñar un plan económico y social de corto y mediano plazo, que nos permita afrontar esta crisis sin antecedentes y evitar un estallido social.
El Gobierno Nacional tiene que comprender la situación excepcional de esta frontera. No solo debemos enfrentar el coronavirus, sino el flujo migratorio desde Venezuela y los grupos armados ilegales en el Catatumbo. Violencia, coronavirus, pobreza y migración se presentan al tiempo. Por ello, sería conveniente que Serrano y Yáñez, por encima de diferencias partidistas, lideraran en forma conjunta la presentación de ese plan al Presidente Duque y nos le adelantáramos a otras regiones. No nos demoremos y planteemos alternativas especiales para que nuestros empresarios puedan mantener el empleo formal, nuestra clase media y trabajadores independientes reciban ayuda efectiva del estado y los pobres los subsidios sociales del orden nacional. Todo en el marco de una situación especial del departamento, que requiere por tanto medidas excepcionales.
Hoy más que nunca necesitamos ayuda y tenemos argumentos serios para exigirla. Las arcas departamentales y municipales sufrirán enormemente este año; el costo de la migración para Cúcuta es alto y la inversión nacional y de la comunidad internacional para asimilarla es modesta hasta ahora; la conflictividad en el Catatumbo se mantiene, sin que se avance con velocidad en la inversión prevista en los PEDETS. Podríamos, por ejemplo, plantear que en el caso de Norte de Santander el estado asumiera al menos por tres meses el pago de la nómina de las pequeñas y medianas empresas de sectores que están totalmente apagados por la crisis. El costo para el gobierno no sería muy alto y se podría aliviar en algo la situación social. Igualmente se tendría que montar un programa de ayuda directa a profesionales independientes que les permita cubrir sus costos mínimos de arriendo, alimentación y servicios públicos, al igual que un masivo plan de seguridad alimentaria para los más pobres del departamento.
En fin, los años que vienen serán muy difíciles para Norte de Santander y los problemas de hoy se agudizarán. No es el momento de divisiones ni confrontaciones. Nuestra región y su gente han demostrado en el pasado una resiliencia admirable en medio de graves dificultades. Este momento es único y requiere el concurso de todos. Un plan de salvamento liderado por el gobernador y el alcalde de Cúcuta es esencial y urgente. Manos a la obra y los acompañaremos.
