Felipe Córdoba, contralor General de la Nación, nos ha revelado una cifra aterradora, que en medio del pavor colectivo por la epidemia de la COVID-19, ha pasado desapercibida. Se trata de que según sus cuentas, en Colombia se esfuman anualmente 50 billones de pesos como consecuencia de la corrupción.
A este aterrador dato se suma lo expresado en la encuesta Invamer, en donde revela que a los colombianos les preocupa mas el nivel de corrupción que se vive, que el propio efecto de la COVID-19.
¿Y qué esperamos?. Este tema es el mas traqueado por nuestra clase política: todos hablan, ya no de reducirla a sus justas proporciones como alguien en el pasado ingenuamente lo insinuó, sino de eliminarla definitivamente; sin embargo lo que vemos es que el fenómeno crece como la espuma y amenaza con carcomer todos los recodos del Estado, desde las alcaldías menores, hasta las grandes dependencias.
No fue sino aparecer la actual crisis de esta horrible pandemia, en donde se hacía urgente redireccionar presupuestos para atender la emergencia, cuando los corruptos inmediatamente aparecen en todos los rincones para tratar de apoderarse de las partidas destinadas para atender hospitales, para comprar medicamentos, para aprovisionar implementos de protección o para abastecer alimentos de primera necesidad.
¡Qué horror! Zarpar sobre las miserias del país, para apoderarse de las migas que pudieran mitigar su desgracia. Pero es la evidencia del grado a que hemos llegado por falta de muchos elementos: Decisión política, falta de Justicia, y equivocación en la elección de los representantes populares que comienzan mostrando una piel de oveja para tapar el lobo feroz que llevan dentro.
Estamos ya hastiados de estatutos anticorrupción, que terminan en un escenario de imposible aplicación, mientras los delincuentes se mueren de la risa y continúan orondos, tal vez con mayor empoderamiento, exhibiendo sus espuelas y raponiando el presupuesto oficial.
El Contralor General, ha tenido el mérito de cuantificar esa astronómica cifra, que de no sucederse, evitaría reformas tributarias y solucionaría muchos de los grandes problemas de este país, en materia de educación, salud o vivienda.
Por qué no aprovechar estos Estados de Emergencia que se han venido decretando, para sentar de una vez por todas unas bases jurídicas de gran impacto, que permitan perseguir el crimen organizado, para poder aprehender de manera fácil y efectiva a todos esos raponeros del presupuesto oficial, que no es otra cosa que el dinero de todos los colombianos que va a las arcas del Estado.
Si existieran unos grupos élite en la Justicia, que rápidamente juzgaran y condenaran a los implicados, podríamos estar en capacidad de advertir una solución; pero qué hacemos contemplando a unos poquísimos que sorprenden, si al poco tiempo quedan libres por cualquier avivatada de una defensa bien paga.
