Este país nuestro tiene tres plagas y tres problemas estructurales. Las pestes son el narcotráfico, la violencia política y la corrupción. Los desafíos orgánicos son el desempleo, la baja calidad e insuficiente cobertura de la educación, y la ineficacia y politización del sistema de administración de justicia. Si no resolvemos unas y otros seguiremos patinando sobre el barro, sin posibilidad de construir la Colombia justa, segura y próspera que nos merecemos.
Pues bien, esta semana el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito UNODC “reporta una reducción del 9 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019”.
Es una muy buena noticia, en particular porque se ha conseguido sin que se haya acudido a la fumigación aérea que inexplicablemente sigue suspendida a estas alturas del Gobierno. Es previsible que cuando se reanude, ojalá muy pronto, las cifras de narcocultivos empiecen a bajar de manera sustantiva.
Ahora bien, hay que hacer algunas precisiones. Una, que seguimos teniendo tres veces más coca que en el 2013. Es decir, logramos detener el avance de los cultivos de coca y reducirlos algo, pero estamos lejos de los resultados que se obtuvieron durante la administración de Uribe (los narcocultivos bajaron más de un 60%, a 63 mil ha) y los primeros de Santos, mientras se mantuvo la estrategia.
Dos, que la erradicación, forzada o voluntaria, sí genera resultados. En donde se hace la reducción en los cultivos es del 22%.
Tres, es un dato muy grave, que a pesar de la reducción de hectáreas cultivadas la producción de cocaína no solo no disminuyó sino que aumentó un 1.5% en relación con el 2018. Ese crecimiento se explica por varios factores, en particular la mejora de productividad de cada hectárea cultivada. Los cocaleros necesitan menos territorio para producir más hoja de coca.
Cuatro, que el negocio sigue siendo formidable: los cultivadores de coca, “entre 124.600 y 169.000 hogares”, según el Simci, recibieron cerca de $2,66 billones de pesos (US$810 millones) en 2019.
Quinto, que hay que transformar de manera rápida el modelo de intervención en las zonas cocaleras, con consideración de las circunstancias estructurales y coyunturales de cada una de ellas. Dos cambios son fundamentales: por un lado, entender que no basta con el control militar de área sino que se necesita el control integral e institucional del territorio. La presencia de la Fuerza Pública es necesaria e indispensable, pero insuficiente. Se requiere de mucho más Estado. Por el otro, hay que reemplazar con urgencia el sistema de subsidios directos a los narcocultivadores. Ese sistema es antiético e ineficaz, premia a quienes violan la ley por encima de los campesinos que solo se dedican a los cultivos lícitos, permite el uso del dinero de los subsidios para reemplazar en otro lugar los narcocultivos erradicados e incentiva a pasarse a la coca a quien solo ha sembrado legal y nunca ha recibido ninguna ayuda. La alternativa es la acción institucional integral en la zona y la generación de proyectos productivos
que beneficien a toda la población y no solo a los narcocultivadores.
Sexto, desde 2015 los cultivos vienen concentrándose en unas mismas y específicas zonas del país, claramente delimitadas, con características de enclaves productivos: el Catatumbo; el suroccidente de Nariño; la provincia de El Naya; Tarazá, Valdivia y Cáceres en Antioquia; Argelia y El Tambo en el Cauca; y el Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís en el Putumayo. La acción integral del Estado debe concentrase en esas áreas.
Séptimo, el combate contra los narcocultivos es solo uno de los instrumentos de la lucha contra el narcotráfico. Afinar y potenciar los otros, en particular los que golpean las estructuras financieras, es vital.
Finalmente, en la negociación y el pacto con las Farc se establecieron múltiples incentivos para aumentar la siembra ilícita y el negocio del narcotráfico. Si no se eliminan, seguiremos perdiendo esta batalla.
