La solicitud de preclusión hecha en el caso contra Uribe fue criticada por algunos sobre la base de que contradice a la Corte Suprema. La Corte perdió competencia para juzgar a Uribe cuando este renunció a su curul de senador.

Lo hizo porque, como cualquier ciudadano, tiene derecho a un juez imparcial. Y la Corte probó no serlo y que tenía un sesgo político y violó una y otra vez, de manera sistemática, los derechos más fundamentales de Uribe en materia de justicia. Resaltaré algunas violaciones:

La garantía de ser informado de la naturaleza y causa del proceso judicial fue vulnerada cuando la Suprema negó durante cinco meses a Uribe que había una causa en su contra.

El derecho a interrogar a los testigos se violó cuando la Corte no le dio a Uribe la posibilidad de preguntar a Monsalve, Caliche y Deyanira, cuyos testimonios fueron recogidos precisamente en los meses en que se negó que había un proceso en su contra.

La garantía a disponer de los tiempos y medios para su defensa se le violó al entonces senador muchas veces, como cuando pidió en dos ocasiones a la Corte que lo recibieran en versión libre y no se lo aceptaron, y cuando la Suprema adelantó pruebas en su proceso sin informarle y sin darle la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción de las mismas.

El derecho a obtener la comparencia de testigos de descargo fue transgredido cuando el alto tribunal le negó a la defensa la posibilidad de presentar al menos seis testimonios que le eran favorables.

El derecho a la inviolabilidad de comunicaciones lo transgredió la Corte cuando chuzó el celular de Uribe alegando que fue porque el representante Nilton Córdoba habría dado en versión libre el celular del ex Presidente como propio. El congresista señaló que era muy fácil comprobar que no era cierto: su declaración ante la Corte fue en mayo de 2018 y las interceptaciones en marzo y abril.

El derecho a la confidencialidad del proceso y a la presunción de inocencia los violó la Suprema cuando filtró de manera sistemática información segmentada, incompleta y escogida del proceso, con miras a generar en la opinión pública la idea de que Uribe era culpable.

La garantía de que una prueba recaudada de manera ilícita no sea considerada fue quebrada cuando la Suprema no tuvo reparo en “legalizar” las grabaciones de la chuzada.

Tampoco tuvo pudor la Corte en vulnerar, no una sino múltiples veces, el derecho de Uribe de comunicarse libre y privadamente con su abogado, un derecho fundamental como pocos y de cuya infracción hay poquísimos antecedentes en el mundo.

Y como si fuese poco, a Uribe se le violó su derecho a que la privación de la libertad sea la última medida cuando le dictó captura sin justificación legal ni fáctica y cuando la Corte tenía la posibilidad de acudir a otras medidas distintas.

Uribe, no debe olvidarse, fue quien protegió la democracia de los ataques feroces de la izquierda continental y de la violencia terrorista doméstica. Los venció una y otra vez, en los campos de batalla y en las urnas, y por eso lo odian. Porque como cualquier otro ciudadano merece el respeto de sus derechos, por su gesta histórica en defensa de la democracia y por devolverle el futuro a Colombia, Uribe debe ser protegido de toda injusticia y de los complots judiciales.