El martes 17 de noviembre de 2020 quedará marcado para siempre en la memoria de los residentes de Los Arrayanes, un barrio ubicado en la comuna 8 de Cúcuta. 

Lo que era una lluvia en la capital nortesantandereana se convirtió en una tragedia para las personas que viven en el lugar. La quebrada Tonchalá, que pasa a escasos metros, se desbordó por el torrencial aguacero registrado ese martes en horas de la noche, causando grandes afectaciones a los apartamentos y vehículos.

Personas que comenzaban a materializar sus sueños, veían como el agua se les llevaba o les dañaba las pertenencias que con tanto sacrificio y años de trabajo lograron obtener.
En desesperados momentos de angustia e impotencia, al no poder hacer nada contra la furia de la naturaleza, les hizo perder todo a numerosas familias: electrodomésticos, muebles, autos, fotografías, vestuario.

“Fue una noche espantosa. De un momento a otro vimos como se inundaba la casa, eso nunca nos había pasado antes. Era impresionante ver el agua entrar. Nos dañó enceres, ropa, electrodomésticos y la moto con la que me transporto para el trabajo estaba tapada por el agua… luego de que disminuyó el agua fui a verla, se había movido unos tres metros”, comentó Jorge Bueno, habitante de lugar.

Al día siguiente y durante varias semanas, organismos gubernamentales, de rescate, fundaciones y personas solidarias llevaron a cabo acciones con la finalidad de ayudar a los afectados que dejó esta desafortunada situación.

¿Qué ha pasado luego de tres meses?

Según la comunidad, las pólizas de los créditos están respondiendo por la grave afectación que hubo; peritos y personal de estas aseguradoras se han dirigido a los apartamentos aquejados para cuantificar pérdidas y poder solucionarles de alguna manera a los damnificados.

Bueno también señaló que, si bien las aseguradoras de los bancos respondían por los daños a los apartamentos, por las cosas materiales, como electrodomésticos y muebles, nadie lo hizo, y eran aquellos bienes los que representaban mayor costo.

“Nosotros arreglamos y pintamos. La moto también me tocó repararla por mis propios medios”, dijo el residente.

Ante esto, Huber Plaza, secretario de Gestión del Riesgo, manifestó que desde la Alcaldía de Cúcuta se han efectuado visitas técnicas para evaluación de los daños y necesidades, mediante un registro único de damnificados.

Por otro lado, se han efectuado arreglos a las tuberías de desagüe, para que el agua no se quede estancada en los parqueaderos y se evite la reincidencia de un hecho similar.

“La alcaldía está invirtiendo más de 2.500 millones de pesos en obras de mitigación en el sector de los Arrayanes y 23 de Enero, con la ampliación y verificación de la sección hidráulica de la quebrada Tonchalá. También un gerente hace acompañamiento constante para conocer las necesidades de la comunidad”, indicó Plaza. 

Gas estacionario: problema pequeño, que se podría volver tragedia

Eduardo Sánchez, administrador del conjunto Los Arrayanes, señaló que la urbanización no cuenta con conexión a gas natural, sino estacionario, debido a que cuando se comenzaron los trabajos, la empresa que se encarga del suministro de este servicio en la ciudad no había llevado a cabo las obras de conexión allí. 

En solución al problema, la empresa les instaló dos pipetas grandes de gas que proveen a todos los apartamentos.

“Es posible que ocurra una tragedia, por eso buscamos la manera de que nos provean el servicio domiciliario”, comentó Sánchez.

El proyecto

En el 2016, tras año y medio de construcción, Los Arrayanes se materializó como un nuevo concepto de vivienda en la ciudad, algo que en años atrás era inimaginable, ya que decían que el suelo arcilloso de la ciudad no era apto para construcciones altas.

Bajo el concepto jurídico de propiedad horizontal, el proyecto buscó beneficiar a 1.500 familias de estratos bajos que no contaran con casa propia, ni los recursos para adquirir una. 
Sin embargo, a la fecha, el 80% de los habitantes están en condición de arrendamiento, la mayoría de ellos extranjeros.

Con torres de 5 pisos cada una, ya son alrededor de 1.272 hogares los que se encuentra allí, pero no en las condiciones en las que se fundamentó el proyecto.

¿Quién tiene la razón?

La Opinión conoció por la Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental (Corponor), que no se otorgó autorización alguna para ejecutar la obra urbanística en esta zona.

Gregorio Angarita, director de la autoridad ambiental del departamento, explicó que la Ley 1537 de 2012 facultó al municipio la jurisdicción de poner en marcha la construcción de proyectos de vivienda de manera directa sin considerar diferentes aspectos, entre ellos, los ambientales.
Al paso de estas declaraciones salió el exalcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, quien durante su administración ejecutó el proyecto.

“No es cierto lo que afirmó Corponor en el sentido de que el proceso que hicimos de incorporación de tierras no había contado con la aprobación de la entidad.  Las tierras que se incorporaron para planes de vivienda de interés gratuito, social o prioritario están soportadas en el POT de 2011 aprobado mediante la concertación ambiental por la corporación”, mencionó Ramírez. 

Con respecto a lo expresado por la entidad, el organismo aprobó la concertación ambiental 089 el 30 de diciembre de 2011. En ella se dio el visto bueno para los suelos de expansión con el fin del desarrollo de viviendas, teniendo clara la función que ejercen a la hora de brindar la aprobación de los ajustes de normativa territorial.