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~La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, advirtió
este jueves a las entidades públicas la necesidad de examinar si los
recursos que están en fiducias, constituidas con recursos públicos, se
están destinando oportunamente a la adquisición de los bienes y
servicios para los cuales fueron apropiados.~
La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, advirtió este jueves a las entidades públicas la necesidad de examinar si los recursos que están en fiducias, constituidas con recursos públicos, se están destinando oportunamente a la adquisición de los bienes y servicios para los cuales fueron apropiados.
“En caso contrario, es pertinente advertir que los costos que se generen para mantener y administrar tales recursos, sin justificación adecuada, constituirán detrimento patrimonial tanto para los titulares de los mencionados derechos fiduciarios como para los administradores que no adopten las medidas correctivas necesarias de manejo, acorde con la finalidad del fideicomiso”, señaló Morelli.
Y es que de acuerdo con la Contralora, los recursos considerados como públicos colocados en fiducias (excluyendo Sistema de Seguridad Social) ascendieron en diciembre de 2011 a 7,5 billones de pesos.
La Contraloría informó que una gran magnitud de los recursos de inversión que permanecieron en estas fiducias en los últimos tres años (2009-2011), mantuvieron saldos similares durante todo el período.
“Es así como 6.7 billones de pesos registraron una volatilidad promedio ponderada de apenas un 29.3 durante el período, lo que significa que buena parte de recursos permanecen inmovilizados. Además, el 30 por ciento de los negocios presentaron variaciones inferiores al 5% durante ese lapso”, señaló la entidad.
Según la Contraloría, la permanencia de estos recursos a través del tiempo debe ser justificada ya que de lo contrario “no se estarán cumpliendo los fines sociales para los cuales están destinados dichos recursos ni la finalidad del fideicomiso, de conformidad con la ley”.
La CGR realizó un cálculo del costo de capital de los recursos inmovilizados, con base en la tasa de interés promedio ponderada que se paga por concepto de deuda interna y externa del nivel central, dando como resultado un costo de aproximadamente 500 mil millones anuales.
A esto se suma que de acuerdo con la Contraloría un gran número de recursos públicos fideicomitidos en entidades fiduciarias no han presentando variación significativa durante los últimos tres años. “Muchos de los cuales pueden estar apareciendo como recursos ejecutados dentro del presupuesto de las entidades nacionales o territoriales”.
“En caso contrario, es pertinente advertir que los costos que se generen para mantener y administrar tales recursos, sin justificación adecuada, constituirán detrimento patrimonial tanto para los titulares de los mencionados derechos fiduciarios como para los administradores que no adopten las medidas correctivas necesarias de manejo, acorde con la finalidad del fideicomiso”, señaló Morelli.
Y es que de acuerdo con la Contralora, los recursos considerados como públicos colocados en fiducias (excluyendo Sistema de Seguridad Social) ascendieron en diciembre de 2011 a 7,5 billones de pesos.
La Contraloría informó que una gran magnitud de los recursos de inversión que permanecieron en estas fiducias en los últimos tres años (2009-2011), mantuvieron saldos similares durante todo el período.
“Es así como 6.7 billones de pesos registraron una volatilidad promedio ponderada de apenas un 29.3 durante el período, lo que significa que buena parte de recursos permanecen inmovilizados. Además, el 30 por ciento de los negocios presentaron variaciones inferiores al 5% durante ese lapso”, señaló la entidad.
Según la Contraloría, la permanencia de estos recursos a través del tiempo debe ser justificada ya que de lo contrario “no se estarán cumpliendo los fines sociales para los cuales están destinados dichos recursos ni la finalidad del fideicomiso, de conformidad con la ley”.
La CGR realizó un cálculo del costo de capital de los recursos inmovilizados, con base en la tasa de interés promedio ponderada que se paga por concepto de deuda interna y externa del nivel central, dando como resultado un costo de aproximadamente 500 mil millones anuales.
A esto se suma que de acuerdo con la Contraloría un gran número de recursos públicos fideicomitidos en entidades fiduciarias no han presentando variación significativa durante los últimos tres años. “Muchos de los cuales pueden estar apareciendo como recursos ejecutados dentro del presupuesto de las entidades nacionales o territoriales”.