La lucha frontal contra el narcotráfico es uno de los ejes centrales de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien ha dicho de manera vehemente que “actuará sin ambigüedades” frente a esta problemática, la cual considera como “la fuente de todas las formas de criminalidad”, además de ser el origen de la violencia, la corrupción y el control territorial por parte de grupos ilegales.
De la Espriella asegura que estas organizaciones concentran su poder económico en alrededor de 300.000 hectáreas de coca sembradas actualmente en el país. De ahí que una de sus principales apuestas, de llegar a ser elegido presidente, será implementar la erradicación prácticamente desde el día uno de su gobierno.
Aunque hasta cierto punto la propuesta del candidato de Defensores de la Patria tendría sentido, la coyuntura se presenta en el método que usaría: la erradicación manual y la controvertida aspersión aérea con bioherbicidas que, según De la Espriella, respetan más el medio ambiente y no estarían dentro de las prohibiciones de la Corte Constitucional.
Adicionalmente, el candidato ha dicho que este plan estaría acompañado por otras estrategias, como la destrucción sistemática de laboratorios, la interdicción en corredores estratégicos, la persecución de las finanzas criminales y la extradición acelerada de los cabecillas del narcotráfico.
Asimismo, el plan contempla un componente social y productivo, a través del cual el Estado llevará alternativas reales: sustitución productiva, infraestructura, crédito, formalización, comercialización y seguridad jurídica para las comunidades, con el fin de que los campesinos puedan salir del abandono estatal y de la presión de las mafias.
“La diferencia es clara: no habrá complacencia con el narcotráfico, pero tampoco improvisación. Habrá autoridad, tecnología, responsabilidad ambiental y resultados verificables”, dijo el candidato a través de un comunicado.
Sobre la pertinencia y viabilidad de la propuesta, La Opinión consultó a líderes y expertos de Norte de Santander para conocer, especialmente, las oportunidades que abriría este modelo de erradicación en una región tan compleja como el Catatumbo, donde se estima que hay más de 50.000 hectáreas de coca sembradas.
Un procedimiento que requiere consulta previa
Edwar Álvarez, defensor de derechos humanos, ambientales e indígenas del Catatumbo, sostiene que, aunque la subregión necesita salir de ese mundo oscuro del narcotráfico para que las condiciones de vida de las comunidades mejoren, es importante, según lo establecido por la Corte Constitucional, que se agote el mecanismo de la consulta previa.
Advierte que es un proceso que “no va a ser fácil”. A pesar de que José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, ha hablado de realizar consultas previas “exprés”, “eso no es posible hacerlo. Una cosa es lo que se diga en el furor de la campaña y otra lo que se puede hacer dentro del marco de la institucionalidad”, señala.
Indica que la ruta a seguir está contemplada en la Sentencia SU-123 de 2018 y que la complejidad del proceso viene dada por la “intensidad de los impactos ambientales” que se prevean en el territorio, lo cual no pasa por un trámite rápido.
“La consulta previa la tiene que hacer el Consejo Nacional de Estupefacientes; la tiene que hacer el Ministerio del Interior, la ANLA y la Policía Nacional. Hay que hacer consultas previas y estas no son expeditas ni se pueden resolver de manera apresurada.
Habría que hacerlo y, además, las comunidades indígenas pueden hacer uso de un recurso contemplado en la misma Sentencia SU-123, que es objetar el proyecto”, explicó.
Álvarez sostiene que, en el mejor de los casos, una consulta previa para un procedimiento de fumigación como el que plantea De la Espriella podría tomar alrededor de un año, toda vez que debe pasar por una serie de entidades como el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las comunidades indígenas, que podrían objetarla.
Frente a esto, indica que una alternativa sería un programa como “Guardabosques, Corazón del Mundo”, del cual hizo parte y que se implementó entre 2004 y 2010 en los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según explicó, permitió la erradicación de cerca de 14.000 hectáreas y la conservación del 70 % de las áreas impactadas.
“Es el único programa exitoso en Colombia donde no ha habido resiembra”, afirma Álvarez.
Como propuesta para aplicar este modelo en la región del Catatumbo, plantea que la salida con el pueblo indígena Barí sería ayudarles con la entrega de tierras que actualmente están habitadas por colonos y campesinos, y donde la propiedad corresponde a predios baldíos, para que ellos las conserven.
Integral y sostenible
Por su parte, Fabián Cubillos, director del programa de Maestría y Especialización en Derecho Penal de la Unisimón, señala que este tipo de políticas “deben implementarse con un alto grado de responsabilidad y no como resultado del apasionamiento electoral”, dado el contexto de las zonas afectadas, donde existe una población instrumentalizada para el desarrollo de actividades ilícitas.
Sostiene que el plan debe concebirse desde una perspectiva integral que priorice el bienestar de las comunidades campesinas. En este sentido, resulta indispensable que el Estado ofrezca medidas eficaces y sostenibles, como programas de sustitución productiva, inversión en infraestructura, acceso a crédito, procesos de formalización, apoyo a la comercialización y garantías de seguridad jurídica para las comunidades rurales.
Se refiere a los límites establecidos por la Corte frente al uso de herbicidas para aspersión aérea y señala que, si bien “puede considerarse una medida idónea desde una perspectiva estrictamente operativa para combatir el narcotráfico”, su implementación debe replantearse bajo el uso de tecnologías especializadas que minimicen los impactos negativos sobre la población y los ecosistemas.
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