Desde el 30 de julio de este año, la suspensión del reconocimiento deportivo empezó a rondar al Cúcuta Deportivo. En aquella fecha, el Ministerio del Deporte emitió una orden de suspensión al equipo rojinegro por el no pago de sus obligaciones laborales entre el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de agosto del 2019. 

Hasta ese  momento, el fútbol colombiano no se había reactivado tras el parón generado por la COVID-19 y si bien las alarmas se encendieron, el club tenía la oportunidad de apelar lo ordenado por el Ministerio.

La sanción partió de $163’561.638 y una multa de 50 salarios mínimos legales  mensuales vigentes a José Augusto Cadena, el causante de esta decisión. 

En diálogo con La Opinión, Cadena dijo entonces que esta suspensión la hicieron como medida de presión para que votara por Fernando Jaramillo (candidato a presidente de la Dimayor en aquella oportunidad). Y además, afirmó que la suspensión se daba por unas diferencias laborales que se iban a cancelar, hecho que no pasó. 

El Cúcuta Deportivo apeló la decisión, continuó entrenando y empezó la competencia como cualquier otro equipo. 

La apelación fue resuelta y la primera decisión fue ratificada el pasado 29 de octubre. Viviana Forero Álvarez, directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio, conversó con La Opinión en aquel momento, asegurando que tras una revisión minuciosa se pudieron comprobar los incumplimientos del Cúcuta, dejando una sanción definitiva de $133 millones y anunció que la misma dependencia adelantaba dos investigaciones más frente al club.

Este hecho impedía que el Cúcuta continuara jugando, pero, sin embargo, se respetaron unos plazos de defensa permitidos por la Ley. 

A pesar de eso, la Dimayor pasó por alto lo ocurrido y dejó que el Cúcuta, de Cadena, siguiera jugando. Lo hizo el primero de noviembre ante Junior y el seis del mismo mes ante Águilas Doradas, su último rival.

Como bien se conoce, el 11 de noviembre se decretó el inicio del proceso de liquidación judicial, obligando a que Cadena dejara la institución. 

El 12, el Cúcuta debía jugar con América, pero la Dimayor determinó que el rojinegro no podía disputar el encuentro por no tener el reconocimiento deportivo y por su entrada al proceso de liquidación. 

El 25 de noviembre, fecha en la que murió Diego Armando Maradona, en asamblea, los 35 clubes de la División Mayor tomaron la decisión de desafiliar al Cúcuta Deportivo. En un comunicado explicaron que la decisión se dio “en el marco de las consecuencias jurídicas previstas en los estatutos de Dimayor, la reglamentación aplicable y en la Ley 49 de 1993”.

En dicha Ley, y más específicamente en el artículo 19, la Dimayor se habría basado, pues uno de los parágrafos expresa que:“en los casos de incumplimiento con el pago, suspensión, revocatoria o vencimiento del reconocimiento deportivo, la desafiliación es automática y no requiere del conocimiento del tribunal e igualmente la desafiliación acordada por la asamblea del organismo interesado”.

Decisión que causa asombro, puesto que mientras estuvo José Augusto Cadena al mando, no tuvieron la misma radicalidad. 

¿Piedras en el camino?

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, ha sido enfático en que si el Cúcuta quiere recuperar su reconocimiento, tiene que pagar lo que generó la suspensión. 

“Vamos a recuperar el apellido”, dijo Arturo Acosta Villaveces, el liquidador del motilón en su visita a la ciudad hace un par de semanas. 

El plan de Acosta tiene lógica: recupero el reconocimiento y después voy a la Dimayor para buscar una reafiliación. El reconocimiento se espera recuperar este año. Al respecto, el liquidador afirmó en su visita que intentará hacerlo antes de Navidad. 

Según una fuente cercana al caso, sí se ha tratado de conseguir el reconocimiento, pero no ha sido posible. 

En la primera ocasión pidieron una revocatoria directa del acto administrativo, ya que la sanción se generó cuando la empresa estaba en el proceso de reorganización empresarial (anterior a la liquidación) y esas deudas entrarían al concurso con los demás acreedores. Esta acción no tuvo respuesta.

Otro de los caminos fue pagar con la creación de una fiducia, que según expresa la fuente, ya cuenta con los dineros para el pago. Con esta idea se buscaba que los acreedores de esta suspensión (unas 20 personas aproximadamente) fueran a reclamar sus dineros. 

Al parecer, esta propuesta habría sido aceptada por el Ministerio a principios de diciembre e iba a ser oficializada en la segunda semana del mes, pero no ocurrió nada. 

Por ahora, se espera que el liquidador pueda cumplir con lo prometido, con ayuda del Ministerio del Deporte, que poco flexible se ha mostrado.

Las acciones son esperadas en una hinchada que ve con angustia como su club agoniza.

El rojinegro no podrá participar, de momento, en ninguna competencia del 2021. Se espera que con la recuperación y más gestiones en los primeros seis meses del año, el Cúcuta vuelva a competir en junio del 2021.