La Procuraduría General inició una investigación, a fin de determinar las presuntas irregularidades cometidas por una defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), adscrita a Norte de Santander, para resolver el proceso de restablecimiento de derechos de cuatro menores de edad, cuyo cuidado se le concedió a su progenitor.

De acuerdo a un comunicado emitido por el ente de control, el Ministerio Público investiga si Martha Teresa Jaimes Galavis, quien en el 2017 se desempeñaba como funcionaria de esa entidad, omitió realizar adecuadamente los trámites de vinculación de los representantes legales en el proceso. 

“El ente disciplinario investiga las razones para conceder el cuidado de dos niños y dos niñas a su progenitor, con un equipo interdisciplinario conformado por una coordinadora de un asilo, psicólogas, trabajadora social y nutricionista (...)”, dice la comunicación.

De acuerdo al auto, la defensora habría omitido realizar adecuadamente los trámites para vincular a todos los representantes legales de los cuatro infantes, por lo que busca esclarecer los hechos y calificó provisionalmente la falta de como grave.

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Los hechos

En la narrativa de los hechos que describe el auto, relata que la indagación preliminar de la Procuraduría regional se inició el 27 de marzo de 2019, a solicitud del Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta que ordenó revisar las actuaciones de la defensora. 

La indagación preliminar dio paso a una investigación disciplinaria que se cerró el 6 de octubre de 2021, tiempo en el cual el ente recaudó evidencias de las actuaciones de la defensora.

A la funcionaria se le cuestiona en referencia a la audiencia de pruebas y fallo de un proceso de restablecimiento de derechos celebrado el 14 de diciembre de 2017, en la que le otorgó el cuidado de los menores a su padre, sin haber cumplido con el lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones del ICBF para proteger los derechos consagrados en la Ley 1098 de 2006.

Explica la Procuraduría que -según estas disposiciones- para dar apertura inmediata de los procedimientos de restablecimiento derechos, la autoridad administrativa cita a cada uno de los representantes legales, mediante notificación personal, por aviso o publicación. 

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Sin embargo, refiere que se realizó una citación a la progenitora de los menores en la que se le señala un término de cinco días para comparecer al notificarse del auto y “no se esperaron los cinco (5) días previstos  en la citación de acuerdo al artículo 102 de la Ley 1098 de 2006, pues el mismo día de la apertura de la investigación, es decir, el 14 de diciembre de 2017 la defensora de familia procedió a celebrar audiencia de práctica de pruebas y fallo”, señala el ente de control. 

Destaca que, en consecuencia, “se evidencia que existieron irregularidades en la citación y notificación de la madre de los menores, desconociendo el debido proceso y la garantía de los derechos tanto de la madre como de los menores”. 

Por lo tanto, resolvió formular el auto de cargos a Jaimes Galavis, notificar la providencia al investigado o su apoderado y remitir el expediente al Procurador regional de juzgamiento de Norte de Santander, para los fines establecidos en el Código General Disciplinario.  

Declara nulidad

Es importante señalar que en la misma investigación, la Procuraduría menciona que el Juzgado Segundo de Familia decretó a nulidad de todo lo actuado desde el fallo del 14 de diciembre de 2017, inclusive dar inicio nuevamente al proceso de restablecimiento de derechos de los menores.

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