La revisión de documentos de regularización, el registro de antecedentes, la inspección de medidas correctivas y el chequeo de comparendos policiales son algunas de las actividades de control y fiscalización que están realizando las autoridades locales, policiales y administrativas a la población venezolana en Cúcuta.
Este chequeo corresponde a una serie de operativos que iniciaron hace 15 días en la capital de Norte de Santander, con el propósito de identificar a los extranjeros que hayan incurrido en algún delito o tengan más de una medida correctiva con la Policía Nacional.
Así lo explicó Edwin Cardona, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, quien precisó que las personas que incurran en alguna de estas conductas serán expulsadas del país.
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“Llevamos unos 15 días realizando estas actividades, en las cuales se han expulsado del país aproximadamente 10 personas. Una de las personas expulsadas estaba solicitada en Venezuela por homicidio”, detalló.
El operativo de ayer, martes, arrancó en horas de la tarde por toda la avenida sexta del centro de la ciudad y recorrió las inmediaciones de los centros comerciales Oití, Alejandría y Las Mercedes, así como el parque Lineal y el parque Antonia Santos.
Cardona aseguró que este tipo de operativos se seguirán realizando en la zona céntrica de Cúcuta, pero que, además, se extenderán a barrios y otras zonas de la ciudad.
El secretario de Seguridad sostuvo que en la ciudad esta medida se viene implementando desde hace tiempo. Sin embargo, hay que recordar que el pasado 24 de agosto el presidente Abelardo de la Espriella anunció el inicio de los operativos y las deportaciones de migrantes en condición irregular en el país que se encuentren delinquiendo.
En Colombia, la población venezolana con vocación de permanencia es de aproximadamente 2,8 millones de personas y, de este grupo, casi 800.000 se encuentran sin ningún documento que los regularice.
Entre las personas a quienes les revisaron la documentación estaba Jaubier Vielma. Él lleva más de cinco años en Cúcuta y tiene una barbería debajo de uno de los árboles del parque Antonia Santos. Este venezolano tiene su Permiso por Protección Temporal (PPT) al día y llegó solo desde el estado Portuguesa, pero es el sostén económico de su hijo.
“Este tipo de operativos son buenos, porque hay gente que viene es a trabajar, pero otros no. Yo solo quiero que con estos operativos también se den cuenta de las personas venezolanas honestas que queremos echar para adelante”, precisó.
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Judicializar a quienes regresen
Un punto álgido y criticado de este tipo de operativos es que algunas de las personas que son expulsadas regresan nuevamente al país. Sin embargo, sobre esto en particular, el secretario de Seguridad de Cúcuta, Edwin Cardona, precisó que “las personas que sean expulsadas y regresen nuevamente a la ciudad de Cúcuta o a Colombia van a ser judicializadas mediante un fraude a resolución judicial”.
Además, precisó que este tipo de revisiones no está dirigido a los venezolanos que “vienen a hacer el bien, a comprar, a trabajar, porque no van a tener ningún inconveniente cumpliendo con todos los requisitos de ley. Solamente vamos a atacar y es a los delincuentes”.
Es clave saber qué medidas o políticas se van adoptar para esta población, sobre todo cuando estos operativos se desarrollan en una zona de frontera como la de Cúcuta, donde conviven venezolanos regularizados, ciudadanos que están en proceso de regularización, migrantes pendulares y personas irregulares que no tienen abierto ningún proceso con la justicia en Colombia.
El abogado migratorio, César González, en días pasado tras el anuncio presidencial precisaba que el escenario de endurecer la política migratoria en el país va más allá de una decisión política. Él aseguró que el principal reto va estar en determinar hasta dónde puede llegar el Estado sin convertir una infracción administrativa en un delito que no existe en la legislación colombiana.
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