Un nuevo escándalo recorre los pasillos de la Alcaldía de Cúcuta, esta vez por cuenta del más reciente hallazgo hecho por la Contraloría Municipal y que compromete recursos públicos por más de 296 millones de pesos.

En una auditoría especial hecha al proyecto de construcción del Club del Adulto Mayor de Cúcuta, que pretendía beneficiar a más de 40 mil ancianos de la ciudad y que tendría su sede en el barrio Primera Etapa, de la ciudadela Juan Atalaya, el órgano de control hizo 6 hallazgos que comprometen a varios exfuncionarios, entre ellos Taiz Ortega y Jorge Acevedo, ambos exsecretarios de Bienestar Social y Programas Especiales, bajo los mandatos de María Eugenia Riascos y Donamaris Ramírez, respectivamente.

Para este proyecto, la Administración Municipal celebró y ejecutó el convenio 1146 del 5 de diciembre de 2011 con la Cooperativa Multiactiva Cooguasimales, representada legalmente por Mariela Arévalo Álvarez.

Sobre la ejecución de este contrato, la Contraloría hizo 6 hallazgos:

1 Se evidenciaron deficiencias en la etapa de planeación de la ejecución del proyecto, que a la postre han contribuido a que la obra no se haya puesto al servicio de la comunidad que buscaba beneficiar, tres años y medio después de iniciada su construcción.

2 Se evidenció que en la celebración del convenio interinstitucional entre la Alcaldía y Cooguasimales se vulneró el principio de transparencia y selección objetiva, pues esta última empresa no tenía una experiencia significativa en la construcción como actividad propia y, si bien es una entidad sin ánimo de lucro, dentro del contrato iba a tener utilidades, lo que impedía que se celebrara a través de la figura de convenio interinstitucional.

3 Además, en la ejecución del convenio se legalizaron presuntos hechos cumplidos, pues la obra, que en los estudios y diseños se presupuestó para llevarse a cabo en 12 semanas, terminó construyéndose en solo 14 días. Para la Contraloría es imposible que lo que las actas de entrega y recibo indicaron en su momento, se haya hecho en dos semanas, como finalmente quedó consignado.

4 También, se modificaron irregularmente las cantidades de obra a ejecutar a través del convenio, adicionando un mayor valor a cargo del municipio, sin contar previamente con la disponibilidad y la reserva presupuestal que lo soportara.

5 Se ejecutaron cantidades de obra por un mayor valor que las soportadas contractualmente.

6 Y, finalmente, se actuó en detrimento del patrimonio del municipio al no descontar el 5% del valor del convenio, como quiera que el objeto del mismo era ejecutar una obra pública.

La obra, que venía enferma, se acabó de morir

Una vez terminó el mandato de María Eugenia Riascos, el 31 de diciembre de 2011 y su secretaria de Bienestar Social y Programas Especiales, Taiz Ortega le entregó a Jorge Acevedo (hoy candidato a la Alcaldía), quien vino a ocupar ese despacho bajo la administración de Donamaris Ramírez, las esperanzas de que el Club del Adulto Mayor de Cúcuta por fin entrara en funcionamiento, se volvieron a activar. Sin embargo, lo que vino fue su fin.

Acevedo, quien tenía la obligación y era responsabilidad funcional de su cargo asumir que el club entrara en funcionamiento, omitió hacer efectivas las pólizas de seguro de cumplimiento de entidades para garantizar la estabilidad de la obra, ya que, apenas 5 meses después de haber sido construida, esta ya presentaba grietas y fisuras, especialmente evidentes en el área de la piscina.

Acevedo, además, omitió hacer los trámites para dotar de servicios públicos al club, pues su antecesora, Taiz Ortega, jamás gestionó la disponibilidad de estos servicios, lo que ha llevado a que, aún hoy, este lugar no cuente con agua ni alcantarillado.

No obstante esto, para la Contraloría lo más grave fue que Acevedo, encargado de poner en funcionamiento este lugar, utilizó los dineros habilitados para la dotación del mismo, a través del contrato 1185 de 2012, en la construcción de dos quioscos, obviando la prioridad que tenía el club, como lo era la dotación del mobiliario que permitiera, por fin, su apertura.

“Construir dos quioscos adicionales antes que realizar las acciones del certificado de necesidad, no era oportuno ni conveniente bajo el entendido de que la obra física del centro de vida ya había sido construida y lo que debía hacerse era dotarse y colocarse al servicio de la población adulta. Por consiguiente, invertir los recursos de la forma como se hizo, no fue eficaz ni eficiente en beneficio de esta población, lo que constituye un hallazgo de carácter administrativo con incidencia disciplinaria”, reza la auditoría de la Contraloría.

Así las cosas, para el órgano de control las obras construidas con ocasión del convenio 1146 de 2011 (Taiz Ortega) y el contrato 1185 de 2012 (Jorge Acevedo), a la fecha no prestan ningún beneficio a la población adulta de la ciudad.

En ese sentido, para la Contraloría la inversión total realizada entre el 2011 y 2012 fue ineficaz, ineficiente y antieconómica, como quiera que no ha servido para desarrollar programas en beneficio de la población que pretendía atender y generó un presunto detrimento patrimonial por más de 296 millones de pesos, correspondientes a la inversión desembolsada. 

Finalmente, la Contraloría manifestó en su informe final que las deficiencias encontradas fueron puestas a consideración de la Administración Municipal y de los contratistas para que, en el ejercicio del derecho a réplica, las aclararan o controvirtieran, pero, cumplido el plazo otorgado para tal fin, ninguna de las partes respondió, lo que, a juicio del órgano de control, deja en firme todas las observaciones realizadas.