La capacidad del Cementerio Central de Cúcuta llegó a su límite. La advertencia ya se había hecho en 2020 y se convirtió en una realidad a raíz de los cerca de 1.500 cuerpos que fueron enterrados en el lugar, producto de defunciones ocasionadas por la pandemia de la COVID-19.

No son pocas las situaciones que se han presentado en el cementerio que cumplió 137 años de edad, por la falta de mantenimiento y algunos problemas que se agudizaron cuando en 2018, mediante una acción popular, se eliminó el cobró de una tasa que permitía financiar su mantenimiento. 

Yesid Blanco, personero de Cúcuta,  recordó  las denuncias que hacen los ciudadanos con respecto a presuntos cobros indebidos. “Urge encontrar una pronta solución a la problemática para estudiar el colapso total del cementerio, pues no hay más espacio y esto ya se convirtió en un problema de salud pública”, indicó.

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El personero señaló que han agotado las instancias judiciales para que por parte de la Alcaldía de Cúcuta y de la misma administración del cementerio se realice una intervención del lugar, donde para empezar no existe una base de datos de las personas que han sido inhumadas ni tampoco de los propietarios de lotes.

Afirmó que debido a que la estructura copó su capacidad, el lugar ha limitado sus servicios y los familiares de los fallecidos se ven expuestos a vulneraciones de sus derechos, con prolongadas esperas y cobros irregulares de dinero por los trabajos que realizan los sepultureros.

Hidela Benítez, secretaria de Gobierno de Cúcuta, recordó que la situación en el Cementerio Central es compleja, debido a que cuenta con  medidas cautelares dictadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Explicó que mientras las medidas existan no se puede realizar en la estructura ninguna construcción, hasta tanto no se resguarden los restos de personas no identificadas y las identificadas no reclamadas, por cuanto existe una investigación para indagar la presencia de restos de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.

“El tema de la capacidad del cementerio ciertamente puede que esté en su límite, pero mediante algunas acciones que se han hecho, se ha contado con nuevos espacios para inhumaciones privadas porque en el caso de no identificados o no reclamados, debemos cumplir con lo que ordena la JEP”, señaló.

La funcionaria señaló que la administración adelanta la búsqueda de un terreno a las afueras de la ciudad como ahora lo exige la norma, para construir un nuevo cementerio.

Señaló que esto debe ir de la mano con lo establecido en el Plan de Ordenamiento territorial y que de manera previa es necesario hacer algunos estudios para definir, además del diseño, como será su administración. “Obviamente hay que asegurar los recursos y hacer un estudio jurídico del modelo que tendrá, si será por una sociedad mixta o una concesión”, agregó.

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