La Contraloría Municipal de Cúcuta iniciará a partir del segundo semestre de 2018, es decir, en contados días, auditorías a las sentencias y conciliaciones que se adelantan por demandas ‘mundialistas’ contra el municipio de Cúcuta.
Tales revisiones se darán con base a lo escandaloso que resultó para los auditores del municipio el hallazgo de fallos que parecieran no estar aplicados en derecho y que suman onerosas indemnizaciones.
Uno de esos hallazgos que puede dilapidar los recursos del municipio y que incluso por lo escandaloso de su cifra supera los gastos anuales de la propia Contraloría Municipal es la de un exfuncionario del propio ente de control, que demandó al municipio para que se le indemnice por $2 mil millones, además de que se le restituya en el cargo, a pesar de que dicho puesto laboral ya no existe y de que solo trabajó 8 meses en un cargo de libre nombramiento y remoción.
Para la contralora Blanca Cruz González, no solo esta ‘jugada mundialista’ ya está bajo la lupa sino que es necesario revisar otros miles de procesos que podrían estar andando lentamente, amenazando los recursos de todos los cucuteños.
Y no solo para los entes de control, sino para los que saben del tema, el dinero del municipio se convirtió en el escenario más propicio para aprovechar, pues todos quieren meterle ‘goles’ al municipio debido a la debilidad jurídica en que este se encuentra.
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Las demandas
Actualmente en cuentas del municipio existen unas 5.955 demandas de todo tipo.
Este medio tuvo acceso a información oficial sobre el historial de demandas desde 2002 hasta diciembre de 2017 encontrando que exfuncionarios públicos son los que más usan figuras jurídicas para conseguir recursos de las arcas de los cucuteños.
Del total de demandas, 4.984 fueron impulsadas por extrabajadores del municipio, en su mayoría maestros que interponen acciones de Ley ante los tribunales administrativos, solicitando la nulidad y restablecimiento de derechos, así como mediante estas acciones el reconocimiento de primas, horas extras, liquidaciones e indemnizaciones así como reintegros al considerar de que fueron retirados de sus cargos sin los requisitos de ley. Otros acceden a reparaciones directas que inundan los archivos de la Oficina Jurídica Municipal.
Reclamaciones por orden constitucional, en su mayoría acciones populares, y también acciones civiles y demandas ante la jurisdicción ordinaria, muchas de ellas ocasionadas por el mal estado de vías lo que producen accidentes de tránsito, están impulsándose contra el ente territorial.
Campeones mundialistas
Según evidencian los informes de la Secretaría Jurídica, los campeones en demandar al municipio son los propios servidores públicos.
En proporción, de las casi 6 mil demandas incoadas contra el Estado, 4.984 (el 83%) son de exfuncionarios que no se fueron satisfechos con su liquidación, o que simplemente tratan de aprovechar en río revuelto esta situación.
Para el concejal Carlos Alberto Abreu, el tema es preocupante por todos los hilos que se mueven detrás de algunas de estas demandas debido a que se han creado empresas o firmas de abogados especialistas en accionar en contra del Estado, aprovechando la debilidad jurídica.
Estos procesos suelen ir a los juzgados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo donde entran en un estado de pasividad, lo que termina pasando cuenta de cobro al municipio.
Según Abreu, en los controles políticos del Concejo se ha tratado de resolver esta problemática si no se atiende con verdadero profesionalismo.
“Yo pienso que se debe crear un pool de abogados especializados como lo hizo la Nación, para defendernos de las demandas porque prácticamente cualquier ‘tinterillo’ puede demandarnos y ganar con facilidad”, expresó.
Abreu fue más allá y dijo que no se requiere más abogados sino profesionales de calidad, además de que debe hablarse de una política territorial y no de una postura política de un alcalde, ya que estos funcionarios son pasajeros y el municipio sigue.
Para los concejales es preocupante que se pongan en riesgo los recursos para generar inversión, por causa de los embargos que suelen imponer jueces, poniéndose en riesgo la seguridad, la educación o la recreación de los cucuteños.
“Prácticamente lo que está pasando es que hay abogados que buscan a estos funcionarios que salen de la alcaldía para prometer ganar demandas y yo creo que este problema debemos eliminarlo”, dijo Abreu.
Las cuentas claras
Para hacer ejemplo de la situación, este medio tomó aleatoriamente un proceso de un exfuncionario y encontró que este fue iniciado contra el municipio en el 2008, en el cual el accionante reclama una indemnización por $200 millones.
Lo que sorprende es que al final, debido a la prolongación o dilatación del proceso, este terminó acarreándole un pago de $296 millones 147 mil 238 al municipio. Y como ese hay miles, incluso, por demandas con pretensiones exorbitantes como los que encontró la Contraloría Municipal.
Según la secretaria de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Liris Marina Peña Márquez, se defendió argumentando que hasta ahora su gestión no puede calificarse como pasiva. Dijo que no puede responder por lo que hicieron o dejaron de hacer los antecesores en su cargo, pero lo que ha venido haciendo desde hace un año fue poner en orden el tema de las conciliaciones y demandas contra el municipio, porque a la fecha no se conoce cuán grande es el monto por demandas contra las arcas de la administración.
Según la funcionaria, poco a poco se han ido pagando las demandas que ya fueron ejecutoriadas para evitar nuevas pretensiones, de hecho, el último pago por este concepto se hizo en diciembre de 2017 por el orden de los $1.500 millones. No obstante, aunque siguen llegando abogados a su oficina a pedir pagos por demandas ejecutoriadas en todas las jurisdicciones, se estima que la deuda del municipio por estas supera los $40 mil millones desde 2002.
Las más grandes
En el último informe presentado por Peña Márquez ante el concejo de Cúcuta se informó que la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cúcuta le hace seguimiento especial a dos demandas multimillonarias, una ya ganada por el Concesionario Los Coches, por más de $24 mil millones, de la cual dijo que se está intentando una acción de revisión ante organismos internacionales; y otro fallo en contra ganado por Proactiva S.A., a la cual el municipio ya hizo un primer pago por $9.200 millones dijo la funcionaria.
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Las de 2017
El 2017 fue un año habido de demandas contra el municipio, esto sin contar otros requerimientos como tutelas, procesos administrativos sancionatorios o policivos, entre otros. El año pasado el municipio inicio la defensa judicial y dio trámite a 297 procesos nuevos, de los cuales otra vez los funcionarios estuvieron a la cabeza con el 79% de los casos, es decir, 234 del total.
Peña Márquez en su informe reveló que a corte de 2016 el municipio tenía 6467 procesos entre 2011 -2016, de los cuales 2.920 tenían sentencia a favor, 618 en contra y 2929 de estos estaban en trámite.
De esas acciones el 77% eran impulsados por exfuncionarios.
Municipio es el que paga
Por funcionarios que omitieron su función de cumplir bien sea con conocimiento de causa o sin saberlo, es que hoy en día los ciudadanos están pagando estas deudas por demandas.
A pesar de que el municipio no debería responder por errores crasos de funcionarios, el municipio como demandante a accionado en 60 procesos, de los cuales 38 corresponden
Una buena defensa de $40 mil millones permitiría al municipio:
1. Construir 5 parques metropolitanos como el que se hará en Los Patios.
2. Construir 26 kilómetros de vías nuevas.
3. Construir 40 CDI para los niños.
4. Costear por 5 años el servicio de administrativos para el municipio.
5. Costear por dos años el PAE para 50.000 niños
6. Pagar educación privada para mil niños por 12 años