La Federación Colombiana de Maestros (Fecode) vuelve a paro este miércoles. En el segundo paro nacional del gremio de lo que va de este 2023, y la segunda jornada de marchas en cuestión de una semana en Colombia, los 300.000 educadores agremiados en ese sindicado salen a las calles para protestar.

Los maestros se movilizan contra dos proyectos de ley del Centro Democrático que están en trámite en el Congreso, le reclaman al Gobierno por las irregularidades en el sistema de salud docente, pero también salen a respaldar el paquete de reformas sociales de la administración de Gustavo Petro.

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Todo un popurrí de temas de una convulsa semana en las calles que ya vivieron una jornada de marchas el pasado lunes, pero de opositores y transportadores que reprochan por el incremento constante en los precios de los combustibles que están presionando la inflación.

“Ha habido muchísimas dificultades en la asistencia y con las negligencias que presentan todos estos prestadores y una reforma del Fomag que es probablemente una regresión de este régimen especial del magisterio al sistema de Ley 100 contra el que tanto hemos luchado los maestros”, alega María Antonieta Cano, coordinadora del equipo nacional de género de Fecode.

Los maestros, así como los trabajadores de las Fuerzas Armadas o los colaboradores de la estatal Ecopetrol, tienen un régimen de salud especial diseñado a su medida. Este ha presentado varias demoras para agendar citas y reclamar medicamentos que llevaron a los docentes a marchar.

Ese es el único punto de las protestas de este miércoles que los profesores le reprochan directamente al Gobierno Nacional, a lo que el Ministerio de Educación les responde que está en curso el proceso contractual para escoger los nuevos operadores del Sistema de Salud.

Dice el despacho de la ministra Aurora Vergara que, de esa forma, mejorarán las condiciones de la prestación del servicio. La promesa de la cartera es que a partir del primero de noviembre habrá cambios para “alcanzar estándares de calidad que reflejen satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios”.

Pero la marcha de Fecode tiene más tela por cortar. Los docentes del sector público levantan la voz contra dos proyectos de ley presentados por el Centro Democrático que tocan las fibras de la organización sindical y la financiación que sale de los bolsillos del Estado para la educación.

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Titubea el derecho a huelga

El pliego de quejas del paro nacional de Fecode incluye una fuerte crítica a un proyecto de ley presentado por la senadora María Fernanda Cabal que busca que la educación se catalogue como un servicio esencial, lo que les quitaría el derecho a los maestros a salir a huelga.

El proyecto en cuestión que despierta esas molestias es el que modifica el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo sobre la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales.

Ese ítem impide que un selecto grupo de sectores (como las empresas de transporte, las ramas del poder público o de servicios básicos como la energía eléctrica) puedan dejar de trabajar para marchar. Y, si se consigue el objetivo de la senadora Cabal, la educación terminaría siendo un servicio público en el que los trabajadores no podrían manifestarse.

“¿Por qué los niños tienen que ver afectado su horario académico por protestas de los profesores? Que protesten los fines de semana, lo único que estamos buscando es darle un rango especial constitucional a la a docencia porque no tiene derecho nadie a afectar derechos superiores como los de los niños”, sostiene la senadora Cabal.

Pero lo que ve Fecode, en palabras de María Antonieta Cano, es un “desmantelamiento de la educación pública” de cuenta de ese articulado y de otro de la senadora Paloma Valencia que propone crear un sistema de bonos escolares para que las niñas y niños de escasos recursos puedan estudiar en colegios privados con el apoyo del Estado.

La posición de Fecode es que esa propuesta le quitaría al Estado la responsabilidad de financiar el sistema educativo público, a lo que la senadora Valencia responde que “el proyecto de bono escolar no va a destruir la educación pública” y que dar acceso a la educación privada, “quien tiene bajos ingresos debe tener derecho a escoger”.

En Fecode están agremiados 300.000 de los 340.000 docentes de la educación pública y esa Federación asegura que sus movilizaciones suelen tener un poder de convocatoria superior al 80%, por lo que este miércoles habrá otra jornada de paro –y sin clases en las aulas– en todo el país.

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