La violencia gestada en el Catatumbo por la guerra que libran el Eln y el Epl, hecho por el cual están afectados unos 45 mil estudiantes en el departamento, se extendió hasta Cúcuta.

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Así lo hizo saber con preocupación la secretaria de Educación del Municipio, Doris Angarita, al reportar que desde comienzos de esta semana están detenidas todas las actividades en las instituciones educativas Agualasal y el Instituto Técnico Rafael García Herreros, en  Palmarito.

Según Angarita, desde comienzos de semana se había acordado con el padre, que tiene la logística de los mercados del Programa de Alimentación Escolar (PAE), detener las entregas en estas dos instituciones porque los padres de los niños no han vuelto a enviarlos a las escuelas por temor. 

“Tenemos dificultades en la zona rural porque allá no es que haya deserción escolar sino ausentismo, porque usted sabe que hay problemas de orden público”, dijo la secretaria al periódico Q’hubo. 

Según las autoridades, sumado al temor de los niños de esas dos escuelas, situadas a seis kilómetros de Petrólea (Tibú), también hay incertidumbre por el recrudecimiento del orden público dado a un posible paro de arroceros, lo que dejaría al 80% de la zona rural de Cúcuta sin clases, afectando a unos 4 mil niños. 

“A veces los padres de familia tienen el temor de enviar los niños a los colegios y estamos tratando de parar para la semana entrante. No vamos a tener suministro del programa PAE, porque nos han llegado rumores de que va a haber un paro arrocero”, indicó Angarita.

Rectores apoyan decisión

La decisión de suspender el suministro de alimentos escolares la semana entrante se dio mediante un consenso con los representantes de las instituciones educativas rurales a excepción de los colegios ubicados en El Pórtico, San Pedro y el Carmen de Tonchalá, donde el orden público está controlado. 

Comunidades en la zona rural explicaron que Cúcuta es la entrada al Catatumbo  y el conflicto armado los tocó debido a que para llegar, por ejemplo, a Palmarito, se deben tomar vías custodiadas por grupos ilegales. 

“Para entrar a Agualasal hay que pasar la ‘Ye’ de Astilleros y seguir el recorrido como si se fuera hacia Tibú; ahí hay un desvío hacia Palmarito y Agualasal y usted sabe que en el mes pasado hubo problemas muy graves y persiste el temor”, informó un líder comunal que prefirió no decir su nombre. 

Suspendido PAE: pérdidas las asumen el operador

45 mil raciones de alimentos diarios dejaron de servirse en almuerzos y desayunos en el Catatumbo con razón del paro armado en esa parte de la región, informó el gobernador William Villamizar, lo que supone unos $600 millones de pesos de inejecución del PAE. 

Este recurso será asumido por el operador del programa, el cual ya ha reportado una disminución en lo que respecta al mercado, por materias primas que no pudieron llegar el pasado sábado a cada uno de los rincones, especialmente de la zona rural del Catatumbo. 

Aunque los imprevistos no afectan al erario departamental, según la directora del PAE, Milena Velásquez, lamentablemente el programa no llegará a los niños más pobres de la región hasta tanto la situación no se normalice.

“El gobernador ha convocado un equipo de supervisión muy efectivo en campo y esto ha permitido fortalecer los temas de seguimiento. En este sentido se hace un control estricto y nada de lo que los rectores no certifiquen será cancelado”, dijo Velásquez.

Llamado al gobierno nacional

Según la gobernación, desde que el programa PAE llegó al departamento nunca se ha suspendido par beneficio de los niños, sin embargo, el gobierno nacional debe reconsiderar que el recorte presupuestal de $7 mil millones para el departamento lo ha dejado tambaleando, debido a que la carga poblacional aumentó desde el año pasado.

Villamizar precisó que ha aumentado el número de niños venezolanos recibiendo el beneficio del alimento escolar. Hay entre 7000 y 8000 menores viniendo de Venezuela.