El pasado 23 de noviembre de 2022, la Liga Municipal de la Asociación de Padres de Familia de Cúcuta (Asopadres) interpuso 63 derechos de petición contra instituciones educativas públicas de la ciudad, para exigir respuestas frente a los supuestos cobros de aportes voluntarios que estarían haciendo a cambio de otorgar cupos escolares. 

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Hoy, luego de mes y medio, estos requerimientos no han sido respondidos en su totalidad, según lo dio a conocer Asopadres, explicando que muchos rectores pidieron tiempo, porque las solicitudes les llegaron en medio del cierre del año escolar, es decir, cuando estaban a punto de salir a vacaciones. 

Una situación que generó molestia entre varios rectores según la organización que agrupa a las asociaciones de padres, porque denuncian, se han sentido intimidados y hasta amenazados. 

Afirman tener en su poder evidencias sobre los pagos desde $15.000 hasta $160.000 que muchos tuvieron que hacer como una ‘cuota voluntaria’ para matricular a sus hijos, pues si no daban el dinero, el colegio les negaba el cupo. 
Asopadres señala que los plazos están dados, advirtiendo que quienes no respondan los derechos de petición, recibirán entonces una acción de tutela.  

“Nos han hecho amenazas temerarias por haber hecho esto, diciendo que lo que estábamos buscando era que nos prohibieran el ingreso a los colegios, cuando el deber de nosotros es velar por los derechos de los estudiantes. Nosotros vamos a hacer llegar eso ante la Jume (Junta Municipal de Educación)”, dijo un integrante de Asopadres que pidió la reserva de su identidad. 

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La asociación precisó que en los recursos interpuestos se les exige a los rectores que den respuesta sobre si es cierto que están solicitando a los padres de familia o acudientes dichos aportes, que se mencione a la persona responsable del recaudo y una evidencia de cuánto dinero y a quiénes se les ha recibido la cuota.

Asimismo, que expliquen cómo está conformada la asociación de padres de familia de cada colegio, que informen si cuentan con la planta necesaria de servicios generales (aseadores y vigilantes) y la forma en la que fueron contratados. 

Esto último, teniendo en cuenta que, según las denuncias, los directivos que han pedido los aportes, lo hacen alegando que esa plata se usará para la contratación de celadores y aseadoras, porque los asignados por la Secretaría de Educación Municipal no son suficientes para todas las sedes que tiene cada colegio. También se ha dicho que los recursos recibidos por los acudientes se destinan para arreglos en materia de infraestructura. 

La Opinión consultó a algunos rectores de colegios públicos de Cúcuta y encontró opiniones divididas; algunos aseguran que no han tenido ningún problema en responder los derechos de petición, otros sostienen que es un proceso desgastante, no solo porque Asopadres pidió mucha información, sino porque han tenido que contratar abogados para contestar los mismos. 

Otros señalaron que Asopadres debió haber enviado las solicitudes directamente a los colegios de los cuales habían recibido las denuncias y, además, que se extralimitó en pedir información personal de los padres de familia y estudiantes.

Ante esto, Asopadres precisó que cumpliendo con la ley, la solicitud de base de datos de acudientes y estudiantes, no es obligatoria.

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Desde la Secretaría de Educación Municipal han reiterado en varias ocasiones que todos los trámites para el proceso de las matrículas son gratuitos, por lo que invitan a los padres de familia a que interpongan las denuncias formalmente ante el Sistema de Atención al Ciudadano “para abrir seguimiento oficial sobre el tema”.
 

¿Hay personal administrativo garantizado para este año? 

Luis Eduardo Royero, secretario de Educación Municipal informó que para la vigencia 2023 sí está garantizada la contratación del personal administrativo, pero no iniciarían el primer día de clases. 

El funcionario indicó que se tiene un plazo superior al 23 de enero para este proceso de licitación pública, destacando que desde el año están en ese proceso, pero “espero el lunes poder sacar un comunicado oficial ya con el tiempo exacto de la firma de acta de inicio y la operación del mismo”. 

Royero señaló que aunque el año pasado tuvieron 352 unidades de trabajo administrativo, en el 2023 habrá una reducción en los primeros meses del año por cuestiones de financiamiento que se espera subsanar lo antes posible. 

Frente a los temas de infraestructura, el secretario informó que los recursos se han asignado a los colegios que presentaron sus necesidades y proyectos de mejoramiento, señalando que se entregaron $35 millones por cada establecimiento educativo, para el arreglo de cubiertas, de comedores escolares, entre otros. 

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Además se esperan en este año terminar los proyectos del arreglo de baterías sanitarias que se está haciendo con el Área Metropolitana de Cúcuta. 

Con respecto al transporte escolar, se confirmó que sí empezaría a operar el 23 de enero en las mismas condiciones del año pasado por el puente Francisco de Paula Santander, para cerca de 2.000 estudiantes venezolanos. 

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