El Tribunal Administrativo de Norte de Santander se convirtió en la instancia que se encargará de resolver en los próximos días el litigio judicial en el que se encuentra sumido el proceso de elección del próximo personero de Cúcuta.

El proceso escaló a este alto tribunal  desde el pasado 18 de diciembre, cuando la administración municipal de César Rojas instauró un recurso de apelación contra la medida cautelar del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, que mantiene frenado este concurso de méritos.

Antes de culminar su periodo, un grupo de abogados, que representaba los intereses del mandatario local de ese entonces, solicitó la revocatoria de esta disposición judicial, alegando la presunción de legalidad de la elección y evidenciando un posible perjuicio para la ciudadanía, si este proceso se dilataba.

Asimismo, los accionantes demostraron que a la hora de convocar este concurso, el Concejo de Cúcuta no había violado los tiempos de inscripción y que actuó apegado a la normatividad vigente.

“Por las razones expuestas en el presente acápite, las pretenciones contenidas en el escrito del libelo cutelar, las cuales fueron acogidas y resueltas favorablemente por este  honorable despacho, no están llamadas a prosperar y, por ende, deben ser revocadas”, consagró el oficio.

La elección para suceder al personero Martín Herrera se encuentra suspendida desde hace más de un mes, cuando este juzgado admitió los argumentos de una demanda de nulidad contra este procedimiento administrativo, que fue  radicada por el abogado Juan Guillermo Cuadros y el concejal de la Alianza Verde, Edward Varón.

Los autores de este recurso jurídico denunciaron presuntos vicios e irregularidades, en los que habría incurrido la Mesa Directiva del Concejo durante la fase de inscripción de los aspirantes a este cargo público y en la recepción de documentos para validar sus propuestas.

Más allá del resultado de este litigio judicial, que ratificará o pondrá en tela de juicio la legalidad de este proceso, varios sectores políticos han coincidido que esta demanda estaría favoreciendo los intereses del exalcalde Ramiro Suárez, porque la elección estaba prácticamente definida y había dejado por fuera a los aspirantes, considerados cercanos al exfuncionario, condenado por homicidio.

Tras la aplicación de la prueba de conocimiento, Manuel Salazar, el actual personero del municipio de San Cayetano, fue el único aspirante que obtuvo el puntaje necesario para continuar con la fase de entrevista.

Por su parte, Salazar actuó contra la medida cautelar del juzgado y desde el año pasado radicó ante este despacho una acción de tutela para garantizar el resultado del examen y  poner en evidencia una presunta vulneración a sus derechos y a los procedimientos de la función pública por haber ocasionado una parálisis en esta elección.