El secretario de Tránsito de Cúcuta, Jorge Mayid Gene Beltrán, envió una carta a la Procuraduría Regional, que posteriormente remitió la información a la Procuraduría Provincial de Cúcuta, sobre una posible falta disciplinaria que se estaría cometiendo en el contrato del Consorcio Supervisión Auditoría Supauditoría, que realiza la interventoría al contrato del Consorcio STMC.
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La historia del documento se remonta al 20 de noviembre de 2020, cuando Gene expide la carta que seis días después llega al despacho de la entonces procuradora provincial María Margarita Eslava. En la comunicación, el funcionario se pregunta cómo la facturación mensual de la firma interventora se acrecentó en siete veces su cálculo inicial, pasando de un promedio de $16 millones a $70 millones.
“Pese a encontrarse claro lo atinente a las funciones a ser desarrolladas por el interventor, así como la forma de pago de su labor, se decide dar alcance a la cláusula 4 del contrato 2465 de 2018, con lo cual el pago de honorarios mensuales por concepto de la interventoría al contrato de Concesión n.° 2465 del 6 de diciembre de 2017 pasó del 6% del recaudo por concepto de venta de bienes y servicios de tránsito, al 6% de los ingresos percibidos por las actividades prestadas por el Consorcio STMC en ejecución de su objeto contractual”, se lee en la comunicación.
Los bienes y servicios de tránsito son todos los trámites que se realizan en el Consorcio STMC (renovación de licencias, traspasos, pago de comparendos y demás).
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Según el secretario, los señalamientos pueden constituir no sólo una violación al régimen de contratación, sino un detrimento patrimonial en contra del municipio, “sobre todo si se tiene en cuenta que dicho contrato cuenta con la supervisión de la Secretaría” de Tránsito y Transporte.
“La fiscalización del ingreso e inversión de los fondos del Fisco, así como el régimen disciplinario amén de las funciones de estos particulares, se encuentra en cabeza de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación”, complementa.
Por lo anterior, Gene sostiene que la información que se señala en el documento “puede constituir una falta grave en materia disciplinaria y una defraudación a las rentas del municipio”.
Sin respuesta de la Procuraduría
En consulta adelantada por La Opinión con la secretaría de Tránsito, esta redacción no se pudo comunicar con Gene debido a que se encuentra en vacaciones, por lo que el secretario (e), Ericson Elías Pérez Ospino, sostuvo que expedir ese documento era un deber para informar a los entes de control y en llegado caso, denunciar.
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“Hasta la fecha no hemos recibido respuesta por parte de la Procuraduría, pero serán ellos quienes determinarán si esta situación tiene carácter disciplinario, penal o lo que considere pertinente la autoridad”, señaló.
Pérez Ospino apuntó que desde la secretaría de Tránsito siguen los lineamientos del alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, quien profesa la aplicación de los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”.
La Opinión conoció, según una fuente de la Procuraduría Provincial de Cúcuta, que efectivamente la comunicación fue recepcionada por ese despacho y actualmente se encuentra en la fase de investigación, tras superar el primer paso de indagación, para así proceder con la posible formulación de cargos y el posterior fallo.
Finalmente, esta redacción se comunicó con Erika Jazmín Contreras Silva, quien hace las veces de asesora jurídica del Consorcio Supauditoría, quien inicialmente contestó una llamada para consultarla al respecto, argumentando que debía hablar con sus superiores. Al final de esta edición se intentó contactar nuevamente a la funcionaria, pero no atendió las llamadas telefónicas.
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