Los días pasan y la ola de violencia y criminalidad sigue creciendo sin aparente control en la ciudad de Cúcuta donde, en lo corrido del 2024 y de acuerdo con registros de prensa, el número de casos ya supera el medio centenar.  

Este dato extraoficial equivale al 13 por ciento del número de homicidios registrados en la capital de Norte de Santander en 2023, cuando se contabilizaron 369 casos, y que la llevaron a ocupar el puesto 43 del ranking de ciudades más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México, y la sexta de Colombia, por detrás de Buenaventura, Sincelejo, Cali, Santa Marta y Cartagena. 

En este contexto, a la par de su plan de seguridad Libertad y Orden, el alcalde Jorge Acevedo ha vuelto a poner sobre la mesa –como lo hizo en 2021 desde su posición de concejal- la propuesta  del libre porte de armas de fuego para el ciudadano común, a fin de que pueda defenderse del asedio delincuencial. 

La moción del alcalde, cargada de un verbo encendido y una actitud indoblegable frente a las organizaciones criminales, ha calado bien en las masas, donde cuenta con  respaldo masivo tanto en la calle como en las redes sociales, sin embargo, carece de asidero jurídico y constitucional,  convirtiéndose en una apuesta inerte e inviable.  

De acuerdo con lo establecido en la ley, en Colombia el porte de armas está suspendido desde 2016, cuando en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se estableció que el monopolio de las armas era exclusivo del Estado.

La suspensión impide el porte de armas legales y solo quienes obtengan permiso especial podrán portarlas. Además, según el artículo 223 de la Constitución, el porte de armas es de uso exclusivo de las fuerzas militares y la policía,  en consecuencia no es un derecho de las personas. 
 
En este sentido, Javier Rincón Salcedo, director del Centro de Estudios Observatorio de Derecho Militar de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que una medida de este tipo requiere de una reforma constitucional previa, algo que resulta prácticamente imposible tomando en cuenta el estado de derecho imperante en Colombia. 

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¿Resolvería el problema?

Más allá de las implicaciones legales, que van en contra de toda factibilidad, una medida de este tipo, lejos de resolver el problema, lo complicaría aún más, por cuanto dejaría el escenario servido para una especie de guerra ciudadana, tal como lo calificó Emiro San Juan, un ciudadano cucuteño. 

“Bajo ninguna circunstancia lo resuelve”, aseguró por su parte Rincón Salcedo, para quien el hecho de permitir que cualquier persona pueda portar un arma sería una invitación “no a que nos defendamos sino a que hagamos justicia por mano propia. La ley del oeste nunca puede ser considerada una solución a la violencia”, sostuvo.

Por otra parte y como efecto colateral, Jorge Restrepo, economista y analista en temas de seguridad, asegura que el libre porte de armas de fuego aumenta el riesgo de suicidio, pero además un peligro inminente a niños, niñas y mujeres y adultos mayores que estén en convivencia con personas armadas, donde generalmente el contexto suele ser violento.  

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EE.UU., el peor ejemplo

Entre los argumentos de Acevedo para defender su propuesta está el ejemplo de Estados Unidos donde, según él, los índices delincuenciales son bajos, puesto que los ladrones se la piensan dos veces antes de cometer un atraco, por cuanto saben que habrá personas armadas a su interior. 

No obstante, según las estadísticas, Estados Unidos es el país donde hay más armas que habitantes, con una proporción de 120 armas por cada 100 habitantes; además es el país con los indicadores más altos en violencia homicida,  suicidio y violencia intrafamiliar asociados al uso de armas de fuego, de modo que este país “es un ejemplo perfecto para saber por qué no hay que seguir ese modelo”, afirmó Restrepo. 
 

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Medida facilista 

La propuesta del alcalde Jorge Acevedo, considerada por algunos como una medida audaz y temeraria en medio de una situación de creciente inseguridad, afectada por la acción constante de bandas locales y trasnacionales, se reduce a “una medida facilista que no reduce la inseguridad”,según Restrepo, para quien el trabajo articulado con los entes encargados, como la Fiscalía y la Policía Nacional es la clave de una lucha efectiva contra el crimen organizado. 

“Yo ni siquiera la consideraría como una medida, lo consideraría como un llamado desesperado a cambiar nuestro ordenamiento constitucional que, por su inviabilidad, solo se puede entender como una idea encaminada a generar impacto en la opinión pública”, dijo el director del Centro de Estudios Observatorio de Derecho Militar de la Universidad Javeriana.

¿Qué hacer?

Si declarar la guerra a la delincuencia armando al ciudadano de bien no es una alternativa viable, entonces ¿Qué pueden hacer los gobiernos locales? Lo que han puesto en marcha hasta ahora: militarizar, aumentar controles y requisas. 

“Si un arma está en la calle, es porque la tiene o un criminal o una persona de la fuerza pública, ésta última no se va a oponer a una requisa, caso contrario del delincuente, que si sabe que están buscando armas de fuego ilegales no tendrá incentivo para usarlas, sino que lo va a pensar dos veces antes de sacarlas”, apuntó Restrepo. 

Una fórmula que ha venido aplicando hasta ahora el alcalde Acevedo, pero que en un afán por acelerar resultados ha desempolvado propuestas inviables, que sólo encienden la discusión en las calles. 

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