Durante un encuentro sostenido ayer por el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, con veedores y usuarios que, en Norte de Santander, padecen las calamidades del sistema de salud, en particular,  por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las quejas fueron las mismas.

Los afiliados al sistema, tanto del régimen subsidiado como contributivo, llevaron ante la Supersalud los reclamos por la falta de atención oportuna en temas como asignación de citas, asistencia de especialistas, avances en procedimientos médicos y la entrega de medicamentos.

“En el periodo comprendido de enero de 2022 a agosto de 2023 se han generado cerca de 45.000 quejas, reclamos, denuncias por parte de habitantes de este territorio, Si bien es una cifra que preocupa, esto lo que está demostrando es que definitivamente no hay protección efectiva para estos pacientes” dijo el funcionario.

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En su introducción al encuentro y prometiendo que los 36 derechos de palabra inscritos para intervenir serían resueltos ayer mismo, el superintendente anunció algunas medidas que el Gobierno nacional pretende poner en marcha para vigilar que las EPS garanticen las asistencia por los recursos que reciben. 

Beltrán aseguró que no es cierto que mantengan deudas con las empresas y que eso esté permeando en la calidad del servicio, puesto que los recursos se han girado de manera anticipada, aseguró.

“No es válido aceptar falsas narrativas para crear caos informativo que no corresponde a la realidad, y por ello se han convocado mesas técnicas entre el gobierno y los aseguradores para dirimir las cifras. Independientemente que no exista suficiencia presupuestal, debe haber suficiencia en la atención”, dijo. 

Nuevos lineamientos 

En la visita a Cúcuta, Ulahy Beltrán anunció medidas que, en materia de vigilancia, se tomarán desde la Supersalud para proteger el derecho a la salud de los colombianos. Una de estas tiene que ver con los tiempos mínimos de respuesta en las atenciones que serán ajustados, siguiendo algunos criterios. 

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Las condiciones clínicas de riesgo vital, por ejemplo, tendrán que ser resueltas en un plazo mínimo de 24 horas; 72 horas se fijaron como límite para dar respuesta a los esquemas de menor complicación y 72 horas para casos menos graves. 

También,  anunció que tendrán sanciones las EPS en los casos comprobados de desatención por denegación. Esto quiere decir que, periódicamente, la Supersalud reportará a la Contraloría General de la República las denuncias en las que se evidencie que la entidad se negó a brindar una asistencia en salud a sus afiliados cuando le correspondía.

“La idea es que les quiten de sus arcas lo que dejaron de pagar. Les sacarán de los fondos de las EPS ese dinero y como no les gusta cuando se les quita la plata, ahora sí estarán prestos a brindar un buen servicio”, dijo.

Más de 45 mil reclamos

Entre enero del año 2022 y julio de 2023,  ante la Superintendencia de Salud se han radicado 45.031 reclamos por mala atención en Norte de Santander. De estos, 35,1% fueron por súplicas de vida, es decir, un total de 15.982 quejas.  

“Hay que aclarar que las súplicas de vida son aquellas situaciones donde las personas llaman o escriben y nosotros tenemos que actuar inmediatamente porque si no se mueren. Lo que más nos llama la atención, en esta región, es que en todas esas demandas está de por medio una EPS o un régimen excepcional de Salud”, dijo el superintendente.

En las estadísticas del ente supervisor, haciendo una comparación de los dos primeros semestres (2022-2023), se estableció que los reclamos por mal servicio o desatención de las EPS han aumentado este año.

Además, en una proporción de una media que establece una tasa de quejas por cada 10 mil usuarios aparece Salud Total como la más cuestionada, seguida de Sanitas y, de tercera, Asmet Salud. Esta última, se encuentra intervenida y tiene una revocatoria parcial de funcionamiento en los santanderes.

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Al seleccionar las quejas por volumen de radicaciones, dos de las EPS cambian, pero Sanitas sigue posicionada y esta vez, en el primer lugar. De segunda con la mayor cantidad de quejas está la Nueva EPS y de tercera Coosalud. 

En Cúcuta, donde se concentra el mayor porcentaje de población del departamento, se tiene el 70% de los reclamos y con una proporción es muy similar. Hubo 27.148 quejas por riesgo de vida entre enero y julio de 2023. Las EPS más cuestionadas son Salud Total, Sanitas y Compensar.

Los prestadores de servicios de salud que han generado más reclamos son; en el sector público, el Hospital Universitario Erasmo Meoz y, en lo privado, la clínica Medical Duarte y la clínica San José. 

De estos dos últimos, Ulahy Beltrán, pidió a la secretaria de Salud de Cúcuta, Ximena Sánchez, hacer una revisión de las condiciones de habilitación porque “hay un crecimiento tendencioso progresivo en la inconformidad que manifiestan sus usuarios y eso hay que revisarlo”, apuntó. Finalmente, el funcionario reveló la extrema criticidad que atraviesa el departamento sobre todo en lo que corresponde a casos de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años, que en lo corrido del año ya alcanzan los 533.

‘Estamos colapsando la red pública’

Durante su intervención, Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud (IDS), indicó que durante un encuentro que sostuvieron con el  ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expuso las dificultades que enfrenta Norte de Santander.

Habló de la deuda que existe por el pago de atenciones a la población migrante y, en particular, la que se mantiene con el Hospital Universitario Erasmo Meoz. “Si nos pagaran con oportunidad, estamos seguros que mejoraríamos la red pública y en eso hemos venido trabajando”, señaló.

Explicó que aunque hay una suficiencia de red de salud en el departamento y oportunidad de atención en la consulta externa, así como de remisiones a niveles de mayor complejidad. Sin embargo, las empresas administradoras no contratan con la red de territorio, sino que prefieren traer su propia red.

Por otro lado, habló de los problemas que afrontan para el pago de las atenciones del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) porque ninguna institución privada la quiere recibir. “Estamos colapsando la red pública de todo el territorio, sumado a que la población migrante llega sin SOAT, sin identificación y no sabemos quién le va a pagar a nuestra red pública todo eso”, alertó. 

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