Un grupo de aproximadamente 600 familias ocuparon ilegalmente un terreno de propiedad privada situado en inmediaciones del Aeropuerto Camilo Daza, quienes alegaron que no cuentan con viviendas, mientras los propietarios avanzan en el proceso para buscar el desalojo y recuperación del predio.

Según lo expuesto en una acción de tutela, el terreno se encuentra en el corregimiento Buena Esperanza, entre los barrios Paz y Progreso y La Conquista, y hace parte de una sucesión cuyos  dueños se encuentran realizando los estudios para construir un proyecto de viviendas de interés social (VIS).

Entre quienes lo ocuparon se encuentran personas que dijeron ser desplazados del conflicto armado, pertenecer a poblaciones vulnerables y no contar con empleo ni recursos,  por lo que quieren llegar a un acuerdo para la compra de los lotes pero a “bajos costos”. 

Desde hace aproximadamente doce días las familias tomaron el lugar donde instalaron carpas que elaboraron con palos, cubrimientos y lonas. 

Lea también: Homicidio en el barrio Toledo Plata de Cúcuta

Karol Yessid Blanco, personero de Cúcuta y quien ha realizado un acompañamiento en las familias para servir de mediador con los dueños del terreno, indicó que las personas que invadieron el lugar son conscientes que se encuentran en una propiedad privada. 

Al respecto, señaló que están a la espera de ser reubicadas pues aseguran que no cuentan con garantías laborales ni de vivienda. “Nos encontramos con que además de niños y adultos mayores, hay personas en situación de discapacidad”, dijo. 

Blanco informó que se adelanta una mesa de concertación entre los involucrados a fin de garantizar que no sean vulnerados los derechos de estas personas, pero donde también se garantice el derecho a la propiedad privada. 

En la mesa de concertación han pedido la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría de Gobierno Municipal para que los voceros de la ocupación puedan presentar sus peticiones. 

“Se nombraron diez voceros y hemos pedido que nos entreguen una caracterización de las familias. Lo que se quiere es que se encuentre una solución sin que ninguna de las dos partes termine perjudicada”, dijo.

No están dispuestos a irse

Durante la visita que el miércoles pasado hicieron la Personería y representantes de Ecopetrol que evaluaron las condiciones de riesgo de la comunidad, debido a que por ese lugar cruza el oleoducto, la mayoría de personas que invadieron la propiedad se encontraban presentes. 

Sin embargo, al amanecer de ayer, cuando llovía en la ciudad, pocas de ellas continuaban  en el terreno. Casi todas las carpas estaban solas,  aunque algunas con amarres para proteger lo que dejaron adentro, un par de muebles, unas sillas o alguna colchoneta.

María Belén Palacios, vocera de las familias dijo que ese lugar era un asentamiento y que ninguna de esas personas estaba dispuesta a irse porque no tienen un lugar donde habitar y algunos se encuentran desempleados. 

Contó que un ingeniero de Ecopetrol les mostró los planos para identificar  el paso de las tuberías del oleoducto. El área fue señalizada con estacas para evitar que se hagan fogatas o excavaciones cerca de las conexiones, ya que con esto “podría ocasionar un incendio o una desgracia”, dijo.

Entérese: Conductores niegan cobros ilegales en puentes internacionales

La líder declaró que en el terreño los dueños quieren construir una zona urbanística, por lo que en cuando dialogaron con ellos, les pidieron desocupar la propiedad de manera voluntaria, mientras finalizan los estudios. Sin embargo, ninguno está dispuesto a salir, alegando que al realizar alguna intervención será mayor el costo de las viviendas.

“Ellos quieren meter máquinas para aplanar y meterle agua, luz, gas y la comunidad no quiere porque así valen más y ellos no tienen recursos para comprar así tan caro”, dijo.

Manuel de Jesús Angarita, uno los ocupantes llegó a la invasión con su esposa y su hija de 14 años. Dijo que es de Ocaña, está desempleado y estaba pagando arriendo donde vivía.

Andrea Sánchez, también está con su pareja y dos hijos, de 3 y 8 años, respectivamente. Contó que laboran como vendedores ambulantes y están pagando arriendo donde viven, por lo que decidieron tomar un lote en ese lugar junto a otras familias. 

Lea: Disminuyen ventas en comercios por el bajo poder adquisitivo de tachirenses

Marlon Gómez, vivía en el municipio de Acandí (Chocó)donde se ganaba la vida ayudando a pasar migrantes hacia Panamá. Dijo que como cerraron esos pasos para los venezolanos se quedó sin fuente de ingresos y decidió regresarse a Cúcuta. 

“Estaba pagando hospedaje en un hotel con mi mujer y mi hija de 8 meses, pero me dijeron que aquí iban a invadir un terreno y me vine. Como ahorita está lloviendo a ella está embarazada, la dejé con la niña donde una señora”, relató.

No vamos a negociar   

Daniela García, una de las propietarias del terreno que fue invadido, declaró a La Opinión que este terreno pertenece al grupo HGO y forma parte de un proyecto de viviendas de interés social y prioritario.  

“Nosotros estamos adelantando el proceso jurídico y ejecutivo para hacer el desalojo porque no estamos dispuestos a negociar con ellos”, notificó.

Explicó que ya ese proyecto está en marcha y se encuentran en la fase de estudios para comenzar a instalar las vallas y diseñar una casa modelo, que es la que corresponde al diseño que van a ofertar.

También: ¿Inmigrantes venezolanos en Cúcuta sienten vergüenza por su condición?

Dijo que este proceso de preconstrucción y de diseño requiere tiempo, pero sobre todo amerita una inversión de dinero. 

“Nosotros no podemos trabajar en nuestra propiedad al tiempo que ellos quieran porque eso es un proyecto privado. Si alguien quiere adquirir una vivienda puede hacerlo pero por los medios regulares para la compra”, explicó.

Contó que los propietarios estaban organizando meter una máquina bulldozer para limpiar el terreno porque había quejas de la comunidad de que los lotes se estaban convirtiendo en foco de inseguridad. Sin embargo, estas ´personas no lo permitieron.

Acción de tutela

José Alirio García Ordoñez, actuando como propietario de la finca “Los Espinos”, ejerció una acción de tutela ante el Juzgado Civil de Cúcuta contra la Mecuc, la Secretaría de Gobierno, la Inspección  Primera Urbana de Policía y el corregidor Buena Esperanza.

En el documento el propietario solicitó sean protegidos sus derechos constitucionales fundamentales, el derecho al debido proceso y el derecho a la posesión para “obtener pronta resolución” a la ocupación de su terreno. 

En la tutela, solicitó que se vincule a la empresa Ecopetrol y a la empresa CENIT Transporte de Hidrocarburos, para que actúen en defensa de sus intereses.

De acuerdo a los propietarios cuando se conoció de la ocupación del terreno, se hicieron varios llamados a Policía, para que procedieran al desalojo en el plazo de 48 horas, pero nunca se intervino. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion