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Economía
Conmoción Interior por crisis en el Catatumbo, ¿el comodín del Gobierno para buscar más plata?
La medida permite acciones para enfrentar las grave situación del Catatumbo. El ministro de Hacienda y el presidente Gustavo Petro apuntan a juegos de azar en línea, carbón y petróleo.
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Leonardo Oliveros
Leonardo Favio Oliveros
Sábado, 25 de Enero de 2025

La crisis humanitaria que desató  la guerra entre el Eln y las disidencias de la Farc en el Catatumbo demanda de una serie de recursos no prevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, según el Gobierno, que ya se avista las fuentes de financiamiento.

El ministro de Hacienda, Diego Guevara, aseguró que acudirán a más tributos, lo cual estarán evaluando con su equipo de trabajo. Por eso, expresó que traerán la propuesta de gravar los juegos de azar en línea, que estaba en el hundido proyecto de Ley de Financiamiento.


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Guevara aclaró, en una entrevista con Caracol Radio, que no están creando ningún impuesto, porque los juegos de azar en línea lo tuvieron hasta 2016, luego se dio una exención especial, y están “tratando de revivirlo”; entonces, es un sector que “puede aportar al Catatumbo”, en donde se debe priorizar gasto social y defensa.

El ministro sostuvo que, con ese tributo temporal, en un plazo de 90 a 180 días, se recaudan $600.000 millones. Precisó que no tocarán el IVA de alimentos o bienes necesarios.

Posteriormente, Fedecoljuegos le envió una carta para solicitarle una reunión de trabajo, con el fin de abordar cifras del sector y aspectos tributarios.

Aunado a ello, el presidente Gustavo Petro apuntó a “los dueños de la exportación del petróleo y el carbón”, a través de un mensaje en X, como fuentes de ingresos para la atención del Catatumbo.

¿Necesario adicionar recursos?

El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que la ejecución del PGN 2024 fue de $395 billones, frente a un monto tal apropiado de $475 billones, lo que equivale a una ejecución del 83%, por debajo del promedio del último quinquenio (88%). Además, $18 billones de inversión no se ejecutaron frente al promedio histórico y $39 billones frente al monto total apropiado.

“Estas cifras son importantes para la discusión de las medidas tributarias que se desprenderían del decreto. Recordemos que el presupuesto para 2025, con un aplazamiento de $12 billones, es de $511 billones. Si bien el Gobierno requerirá hacer traslados presupuestales, no luce necesario adicionar nuevos recursos. Lo que indudablemente sí se requiere es una eficiente ejecución de los recursos”, aseguró.

PGN
Gráfico: Fedesarrollo.

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El economista e investigador Mario Zambrano expresó que el Gobierno necesita implementar acciones para mitigar la crisis, lo que implica recursos extraordinarios para financiar el proyecto social y de infraestructura, promoción de programas de sustitución de cultivos ilícitos, que ya venían de la administración anterior, y la flexibilización presupuestal y fiscal, es decir, modificar el PGN para redirigir recursos.

El docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) manifestó que el decreto también flexibiliza la contratación pública, como mecanismo extraordinario.

“Así, se busca evitar el impacto a largo plazo de esta situación, no solamente en términos económicos, también para la población desplazada, porque, como lo muestran los estudios y lo señaló la experta Ana María Ibáñez: la probabilidad de los posdesplazados en un largo tiempo, de convertirse en pobre, es muy alta. El desplazamiento forzado es un retorno a la pobreza”, apuntó.

Tibú

La consultora en Planeación Territorial, Diana Ramírez, recordó que la declaratoria de Conmoción Interior refleja la gravedad de la situación y la necesidad de acciones inmediatas.

“La medida permite reasignar una serie de partidas presupuestarias dentro del PNG, para financiar las ayudas humanitarias (alimentos, agua potable, albergues…), la reubicación de los desplazados, el fortalecimiento de la seguridad, el mejoramiento de la infraestructura policial y militar, entre otros frentes, y a la vez impulsar el desarrollo institucional para lograr programas destinados a la estabilización económica de las familias de la zona”, añadió Ramírez. 


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La experta dijo que otro alcance del decreto sería, teniendo en cuenta que esta área es fuerte en minería y no solo en el agro, un ejercicio de facultades económicas para el alivio fiscal.

Enfoque integral

Respecto a que por qué el Gobierno no pensó en decretar la Emergencia Económica, como ocurrió el año pasado con La Guajira, Diana Ramírez indicó que esa medida solo se enfoca en lo presupuestal y económico y la naturaleza de la crisis en el Catatumbo difiere de ello; la declaratoria de Conmoción Interior es integral.

“El caso de La Guajira, obedeció a problemas estructurales: pobreza, inseguridad alimentaria y falta de agua potable. Mientras que, en el Catatumbo, la situación es de orden público, derivada de la violencia y la connotación del desplazamiento”, resaltó la consultora en Planeación Territorial, añadiendo que el decreto debería fortalecer aquellas iniciativas que se han venido planteando desde el Pacto Territorial por el Catatumbo.

El economista Mario Zambrano subrayó que la medida de Conmoción Interior tiene base cuando hay una perturbación del orden público, por eso es más pertinente, comparada con la de Emergencia Económica.


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¿Qué dice el decreto?

El Decreto 0062 del 24 de enero 2025, que hizo oficial el Estado de Conmoción Interior, el cual no solo abarca a esa subregión de Norte de Santander, también al área metropolitana de Cúcuta y a dos municipios de Cesar: Río de Oro y González, expone que la limitación en los ingresos autorizados en el PGN y las inflexibilidades en el gasto dificultan el redireccionamiento urgente de los recursos requeridos para superar la grave situación, sin afectar de manera significativa el gasto público social.

Además, señaló que la insuficiencia de dinero para la inversión adicional requerida exige medidas presupuestales y fiscales necesarias que permitan atender al Catatumbo de manera efectiva, por esto se debe facilitar el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y del Sistema General de Regalías (SGR).


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