A partir del anuncio de que la aplicación Uber iba a dejar de funcionar en el país, empezó una carrera jurídica que todavía tiene mucha tela por cortar.

El proceso inició el 20 de diciembre pasado cuando un juez ordenó a Uber suspender su operación por considerar que incurren en competencia desleal.

Según los abogados que lideran el proceso contra la compañía, Uber aún desconoce el fallo del juez que le ordenó suspender su operación de forma inmediata.

Los operadores tenían que bloquear la aplicación en un plazo de 30 días, pero no lo hicieron, y respondieron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que la razón es que técnicamente no pueden bloquear la aplicación.

Nicolás Alviar, abogado que lidera el proceso, dijo que en vista de que Uber tiene una fuerte campaña mediática para quedarse, están concentrados en que cumplan el primero de febrero su salida del país, como lo anunciaron.

El abogado dijo que Uber actualmente está incurriendo en un delito llamado fraude a resolución judicial que, según el Código Penal colombiano, implica sustraerse del cumplimiento de una obligación, lo que acarreará prisión de uno a cuatro años y multa de cinco a cincuenta salarios mínimos.

El abogado también llamó la atención por casos que se han dado a conocer en los últimos días en donde personas han sido estafadas con cobros excesivos de hasta casi un millón de pesos al usar la aplicación.

Medida cautelar

Según medios nacionales, la compañía solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que les otorgue unas medidas cautelares, con el fin de que puedan seguir operando en Colombia. 

La compañía tecnológica solicitó las medidas cautelares porque le vulneraron su derecho al debido proceso, y que el despacho profirió una sentencia excediendo sus facultades.

Además, Uber también señala que se le vulneraron sus derechos a la igualdad, a la libre empresa y al libre acceso a las tecnologías.