El primero de enero entró en vigencia el Decreto N° 0045 de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual modifica los derechos por registro y renovación de la matricula mercantil, que serán liquidados en Unidades de Valor Básico (UVB), “en función de los activos ordinarios de los comerciantes, que también se expresan en UVB”.
Según la norma, que firmó el entonces ministro Germán Umaña y cuya implementación estuvo a cargo de su sucesor Luis Carlos Reyes, los derechos por renovación de registro mercantil se causarán anualmente, dentro de los tres primeros meses del año.
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Entonces, por ejemplo, la renovación de matrícula mercantil de un emprendimiento con $5 millones en activos le costará, $110.000, de acuerdo con datos proporcionados por la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Más formalización
Para el presidente ejecutivo de la entidad cucuteña, Sergio Castillo, el decreto muestra un inmenso abanico de nuevas oportunidades y retos frente al comportamiento del tejido empresarial local, teniendo en cuenta que un alto porcentaje lo componen los micros y pequeños empresarios.
El líder del gremio, con jurisdicción en 18 municipios, expresó que creen que estas nuevas tarifas son favorables para estos usuarios y van a permitir que muchos emprendedores tomen la decisión de formalizarse y a aprovechar los beneficios que tienen para el fortalecimiento de sus organizaciones.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pamplona, Carlos Solano, también subrayó que la norma, al reducir las tarifas de la renovación de la matrícula mercantil, así como de otros trámites importantes para las micro y pequeñas empresas, beneficiará a la mayoría del tejido empresarial de la provincia, que está compuesto en más del 90% por esos empresarios.
Recalcó que esto puede incentivar la formalización de más negocios y fomentar el crecimiento del sector.
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Reduce ingresos de cámaras
La decisión, de acuerdo con Carlos Solano, también implica una reducción en los ingresos de la Cámara de Comercio por estos trámites, lo que puede afectar el presupuesto y capacidad operativa en el desarrollo de los programas de fortalecimiento empresarial.
“Para mitigar este impacto, el decreto incluye un artículo que facilita la asociación entre cámaras de comercio, permitiendo compartir costos fijos y mejorar la eficiencia operativa. Eso puede ayudar a compensar estos efectos, permitiendo mantener la calidad de los servicios ofrecidos y desarrollar nuevas iniciativas que beneficien a sus usuarios”, precisó el presidente de la Cámara de Comercio de Pamplona.
El también integrante de la Junta Directiva de Confecámaras resaltó que el riesgo alto en su funcionamiento lo tienen las cinco instituciones camerales más pequeñas (Sevilla, San José, Magangué, Amazonas y Pamplona). Por eso deben manejar con mucha estrategia esta vigencia para no perder el impacto en los programas de fortalecimiento y no terminar fusionados a otra cámara.
Solano aseguró que, en 2024, desde su despacho se ejecutaron cerca de 23 programas que impactaron a más de 1.400 empresarios de los 10 municipios de la provincia de Pamplona, como FortaleSER, en asocio con las Cámaras de Comercio de Ocaña, Aguachica y Cúcuta; el Centro de Reindustrialización Zasca Lácteo, de iNNpulsa Colombia y el Mincomercio; Emprendimiento Rural, Tienda a Tienda, Empresas en Trayectoria MEGA, en asocio con la Cámara de Comercio de Bogotá; Mujer Líder y Emprendedora, Generación de Marca, entre otros.
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Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta afirmó que están preparados para acompañar a sus usuarios en el proceso, mostrándoles las variables que se implementaron y permitiéndoles tomar decisiones bien informados, para seguir pensando en el fortalecimiento de sus unidades productivas.
“La económica popular de nuestro país será la más favorecida y trabajaremos sin descanso para que la ciudadanía siga valorando la importancia de la formalidad y aproveche estas nuevas condiciones para apostarle a la legalidad”, añadió Sergio Castillo.
El dato
El Ministerio de Hacienda fijó el valor de la UVB para 2025 en $11.552 y alegó que ayuda a reducir la inflación y a proteger el poder adquisitivo de los colombianos, al desvincular ciertos cobros, sanciones y multas de la inflación.
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