De los 23,08 millones empleados que hay en Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a corte de noviembre, más de 10,5 millones ganan uno o menos del salario mínimo ($1’160.000), es decir el 43% de los trabajadores. 

De acuerdo con el ente, tan solo 2,6 millones devengan el salario mínimo, o sea, el 8,7%. En los próximos días se espera conocer el ajuste que regirá en 2024 para esta población, que oscila entre 10%, propuesto por los empresarios, y 18%, por las centrales obreras. 

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El director de Análisis Macroeconómico y Sectorial de Fedesarrollo, César Pabón, explicó que la baja proporción de trabajadores que perciben el salario mínimo se atribuye, principalmente, a la dualidad que caracteriza al mercado laboral. 

“Por un lado, se encuentra el sector formal, que ofrece ingresos estables y beneficios como la seguridad social; por el otro, está el sector informal, donde los ingresos tienden a ser inestables, muchas veces por debajo del salario mínimo y susceptibles a las fluctuaciones constantes de la economía”, agregó el economista.

El integrante de Fedesarrollo sostuvo que, para contrarrestar este fenómeno,“resulta crucial reducir los costos no salariales asociados a las contrataciones”.

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Su colega Mario Zambrano, coordinador del programa Cúcuta cómo vamos, señaló que unas posiciones económicas muestran que el salario mínimo es necesario, sobre todo en un país como Colombia, que tienen altos niveles de pobreza y condiciones socioeconómicas precarias. 

“Esta remuneración ayuda a acceder a una canasta de bienes básica”, destacó Zambrano.

El también investigador indicó que, para algunos, la clave no es tanto el salario, sino que la mirada debe enfocarse en fortalecer la productividad y mejorar las capacidades y habilidades de la fuerza laboral, para ser más competitivos, porque el salario va a reflejar esas condiciones de mejora.

Los economistas manifestaron que un alza desproporcionada del salario mínimo podría representar barreras más elevadas para el acceso al mercado laboral formal, por lo que desplazaría a los trabajadores hacia la informalidad, afectando negativamente su calidad de vida.

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César Pabón resaltó que esto posibilitaría que un mayor número de personas accedan a empleos formales, incrementando así la proporción de trabajadores que perciben al menos un salario mínimo y mejorando la calidad de vida de los ocupados.

Mario Zambrano recordó que hay unas posturas que no están a favor de imponer un salario mínimo, así sea a partir de consensos, porque esto puede, si llega a ser muy alto, incentivar la precarización de las condiciones de los trabajadores.

El experto dijo que otra postura subraya que incrementar el salario mínimo por encima de la inflación puede tener “consecuencias negativas en torno al espiral de inflación-salario, lo cual llevaría a mayores crecimientos inflacionarios”. Además, puede inducir expectativas en los sectores económicos que conlleven a “ejercicios de especulación”.

Aseguró que, para enfrentar esta desigualdad, “no hay una solución mágica”. El hecho es que, si el salario mínimo tiene que ser acordado, debe tenerse en cuenta la inflación, la productividad y las realidades macroeconómica y regional.

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