En el marco del paro nacional de arroceros, los productores de Norte de Santander, se trasladarán con su maquinaria hacia las instalaciones de la Gobernación, como parte de las acciones de calle que han iniciado desde hace 4 días, la cual se suma a los bloqueos intermitentes en la vía a Puerto Santander, a la altura de la redoma de Trigal del Norte, y en el sector de Pedregales, en El Zulia. 

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Además, se conoció que una comisión de líderes de Dignidad  Arrocera se trasladará hasta Tolima, donde el Gobierno nacional lleva a cabo las mesas de trabajo con este sector productivo, para llegar a algunos acuerdos, frente a las solicitudes que han venido haciendo.

Lo que ha pasado 

El pasado 3 de marzo, los productores de arroz iniciaron una manifestación con 10 peticiones al Gobierno.

A finales de la semana, el Ministerio de Agricultura presentó una propuesta de acuerdo, pero los arroceros consideran que aún no soluciona los problemas estructurales del sector.

La primero que solicitaron fue un ajuste inmediato en los precios del arroz en cáscara, ya que el precio del arroz paddy (con cáscara) cayó de $1,5 millones en noviembre de 2024 a $1,4 millones en febrero de 2025.

Oscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, explicó que el precio actual por carga, 125 kg, está en $185.000, lo cual cubre los costos de producción, pero genera pérdidas de hasta $2 millones por hectárea.

Por ello, piden la fijación de un precio mínimo de $220.000 por carga para garantizar la rentabilidad del cultivo.

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“Comparado al año pasado, la industria rebajó muy duro los precios de compra, fue de 19%, con ese precio no queda ninguna utilidad para los productores, ya algunos van a quedar muy endeudados con los bancos, los pocos que tienen acceso a la banca”, dijo Gutiérrez.

Lo que hay detrás del problema de precios del sector arrocero

En relación con lo mencionado, está la solicitud de un alivio a las deudas del sector, que se implemente una política de reprogramación de deudas con la banca, y que, además, se haga una condonación parcial de capital, una reducción de intereses y acceso a líneas de crédito con tasas preferenciales.

En este aspecto coincide el Gobierno, pues la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que la salida no es volver a subsidiar el almacenamiento, sino que el sector se debe concentrar en generar competitividad con reducción de costos y ofrecer un crédito que pueda ser más económico.

El tercer pedido es que sean protegidos ante tratados de libre comercio, en específico buscan la aplicación de salvaguardias comerciales “para evitar la competencia desleal por importaciones de arroz desde Estados Unidos, Ecuador y Perú, así como la revisión de los acuerdos comerciales con estos países”, señaló Carlos Rojas, representante de arroceros de Espinal.

Sobre el comercio internacional se solicitan medidas para evitar competencia desleal “por importaciones subsidiadas de maíz, soya y algodón, cultivos esenciales para la sostenibilidad agronómica del arroz”.

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Otra solicitud, esta para la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, y es que se haga una investigación a la industria molinera por “posibles abusos de posición dominante y prácticas desleales”.

Ante ello, Fedearroz señaló que, “la molinería debe ser consciente de su responsabilidad como actor importante de esta cadena productiva y de su obligación de aportar en momentos de crisis, como quiera que los agricultores somos quienes hemos proveído la materia prima de su actividad”.

Los últimos pedidos son un ajuste de los precios de la semilla certificada para garantizar que sean accesibles, y que se haga un ajuste de la tasa por uso de agua. y que se revisen los cobros que impone la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, Ugpp, ya que, estos incrementan los costos de la producción.

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