Desde la madrugada del domingo 9 de marzo, el miedo se apoderó de los habitantes de la zona rural de Tibú, en Norte de Santander, cuando fuertes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la disidencia de las Farc sacudieron nuevamente varias veredas del municipio.

Los combates se concentraron en Miramontes, Tres Curvas y Case Tabla, donde los pobladores quedaron atrapados en medio del fuego cruzado.

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A través de redes sociales, se difundieron videos en los que se escuchan detonaciones y ráfagas de disparos, mientras hombres armados trasladaban a los heridos.

La intensidad de los enfrentamientos obligó a los habitantes a refugiarse en sus viviendas, temiendo ser alcanzados por las balas.

Según testimonios de la comunidad, la violencia no cesó durante varias horas, generando una situación de pánico y zozobra.

Hasta el momento, ni el Ejército Nacional ni el Ministerio de Defensa han emitido un pronunciamiento oficial sobre el balance de víctimas o daños materiales.

Sin embargo, fuentes castrenses indicaron que, tras varias horas de hostilidades, los combates cesaron y unidades del Ejército se movilizaron hacia la zona para evaluar la situación.

Las autoridades confirmaron que dos personas resultaron muertas y fueron trasladadas al casco urbano, en donde permanecen sin identificación.

Este nuevo episodio de violencia se da en medio de un complejo panorama en la región, que actualmente se encuentra bajo estado de conmoción interior debido a la grave crisis humanitaria provocada por la disputa territorial entre estos grupos armados.

En el Catatumbo, la guerra entre el Eln y las disidencias ha generado desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades enteras y constantes amenazas contra la población civil.

En respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional ha desplegado más de 10.000 uniformados en el marco de la Operación Catatumbo, liderada por el brigadier general Mario Contreras.

Con facultades especiales otorgadas por el estado de excepción, el alto oficial coordina las operaciones militares y policiales con el objetivo de recuperar el control en la zona y restablecer el orden público.

Como resultado de las acciones adelantadas en las últimas semanas, se ha logrado la incautación de armas y materiales utilizados para el procesamiento de cocaína, así como la desmovilización de cerca de 200 combatientes, entre ellos 43 menores de edad que habían sido reclutados por los grupos armados ilegales.

Desde su llegada al Ministerio de Defensa, el general (r) Sánchez ha insistido en la necesidad de someter a estos grupos a la legalidad.

En el último consejo de ministros, transmitido el 3 de marzo, envió un mensaje directo al Eln y a la disidencia: “siempre serán bienvenidos, acorde a lo que dice la Constitución y la ley (…) tienen esa oportunidad de pasar a la historia como aquellos que le apuestan a la vida, pero si no vienen, vamos por ellos”.

Mientras las operaciones militares continúan y el Gobierno refuerza su presencia en la región, los habitantes del Catatumbo siguen enfrentando la incertidumbre de un conflicto que no da tregua.

La población clama por acciones efectivas que permitan frenar la violencia y garantizar su seguridad.

Sin embargo, el miedo y la desconfianza siguen latentes, pues muchos consideran que, pese a la presencia de la Fuerza Pública, la guerra entre estos grupos armados no se detendrá en el corto plazo.

Además de la lucha por el control territorial, la confrontación entre el Eln y la disidencia está relacionada con economías ilegales, como el narcotráfico y el contrabando.

El Catatumbo es una de las regiones con mayor producción de hoja de coca en Colombia, y los grupos armados se disputan los corredores estratégicos para la salida de droga hacia Venezuela y otros mercados internacionales.

Mientras tanto, la comunidad sigue pagando el costo de un conflicto que parece no tener fin.

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