Cada mes se robarían en Colombia cerca de 123.700 barriles de productos refinados, es decir 1.5 millones de barriles al año de gasolina, diésel y nafta importados o producidos por Ecopetrol, lo que genera un grave desfalco al Estado de más de $500.000 millones.

El dato dado a conocer por el presidente Abelardo de la Espriella podría ser incluso menor frente a la magnitud del problema que advierten empresarios del sector de hidrocarburos en Norte de Santander. Uno de ellos explicó a La Opinión que “se ha detectado un hurto altísimo al poliducto, de entre 4 y 5 millones de galones mensuales en los últimos meses”.

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El presidente precisó que la hurto estaría ocurriendo en el poliducto de 14 pulgadas que conecta a Pozos Colorados (Santa Marta) con el interior del país, y las pérdidas se concentran principalmente en Cesar y Magdalena.

“Los delincuentes estarían utilizando las denominadas ‘caravanas de la muerte’ para cargar, transportar y escoltar el combustible hurtado, llegando a movilizar hasta 600 vehículos, muchos de ellos con destino al Catatumbo”, dijo el mandatario.

Esta realidad no es ajena al área metropolitana de Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander, porque el combustible hurtado en el sur de César es comercializado por informales o pimpineros, un problema que han enfrentado desde hace dos años, de acuerdo con propietarios de las estaciones de servicio (EDS).

“En el sector de Pailitas y Pelaya se ha venido dando el hurto de combustible. Instalan válvulas ilegales para extraer el producto, el cual luego entra por el sector La Mata de Guamalito y desde ahí se extiende al Catatumbo, Ocaña y Cúcuta”, afirmó una fuente.

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Para los empresarios, el delito se dejó crecer mucho, porque es un negocio totalmente rentable, que le permite a quienes lo roban ganar miles de millones de pesos. La cantidad de hidrocarburos extraída tiene un valor promedio mínimo de $54.260 millones, que representaría la afectación económica mensual, teniendo en cuenta los precios actuales de los combustibles.

Lo preocupante es que detrás del problema hay toda una estructura de economía ilícita. Según los comercializadores formales de gasolina y diésel, esa realidad llegó a momentos tan complicados que se empezó a ver como si nada en las calles de las ciudades.

“Es más, se detectó que hay algunas estaciones del sur del Cesar y de la provincia de Ocaña vendiendo estos productos por rentabilidad o por presión de los criminales”, añadió uno de los empresarios.

El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), Julián Cabeza, señaló que existen antecedentes de operaciones e investigaciones oficiales que han identificado el traslado de hidrocarburos sustraídos hacia Norte de Santander y, particularmente, hacia el Catatumbo, para almacenamiento, comercialización ilegal o utilización dentro de economías ilícitas.

“Esto hace que sea una región que requiere especial atención de las autoridades. Pero también debemos evitar generalizaciones. La existencia de mercados ilegales de combustible no puede traducirse en sospechas indiscriminadas sobre las estaciones de servicio o los agentes que operan formalmente”, recalcó Cabeza.

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El líder gremial recordó que una de las diferencias fundamentales es la trazabilidad, porque el combustible que circula dentro de la cadena formal pasa por agentes autorizados, documentos de transporte, controles regulatorios y registros en el Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles (Sicom); el producto que se desvía hacia circuitos ilegales queda por fuera de esas inspecciones.

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El mandatario le pidió al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional una operación articulada con Ecopetrol, la Fiscalía y las demás autoridades competentes, para atacar integralmente esta economía criminal.

Para los propietarios de EDS en el departamento, esta situación la supo la administración de Gustavo Petro, pero no se vio ninguna una acción, “como la que acaba de tomar el nuevo gobierno”, por lo que esperan que se pueda parar este delito.

“Es un negocio que está afectando en muchos escenarios: primero a Cenit, filial de Ecopetrol; segundo, la distribución formal de combustible, lo que afecta el recaudo de la sobretasa y, por ende, las finanzas del departamento y de los municipios”, añadió una empresario.

El presidente ejecutivo de Fendipetróleo indicó que, para la distribución minorista, la entrada de combustible ilegal al mercado tiene efectos muy concretos: perjudica los recursos públicos, genera riesgos para las comunidades y el medio ambiente, distorsiona el mercado y daña a las EDS que adquieren y comercializan sus productos dentro de la cadena formal y bajo obligaciones regulatorias.

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“Este no es solamente un problema de seguridad. También es económico y de mercado. Un galón comercializado ilegalmente no asume las mismas obligaciones tributarias, regulatorias, de seguridad y de calidad que soporta un distribuidor formal y termina generando una competencia en condiciones claramente desiguales”, añadió Julián Cabeza.

Cabeza sostuvo que este delito no debería enfrentarse únicamente persiguiendo a quien realiza una conexión ilícita o transporta el combustible. Aseguró que, para que las acciones sean efectivas, es necesario investigar toda la cadena: quién financia, quién extrae, quién almacena, quién transporta, quién compra y cuál es finalmente el destino del producto.

También consideró acertado determinar, con evidencia, qué parte del hidrocarburo hurtado termina en mercados ilegales y qué parte llega a otras economías criminales.

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