La conversaciones están centradas en los terremotos. Y es lógico, porque pasó en Venezuela, luego en Colombia y ahora en Indonesia.

Un insumo adicional para estas deliberaciones que deben conducir a medidas  efectivas, se encuentra el informe WorldRiskReport, elaborado por las organizaciones Bündnis Entwicklung Hilft y el Instituto para el Derecho Internacional de la Paz y el Derecho Internacional Humanitario.

La impresión inmediata es que Colombia  ocupa el cuarto lugar mundial en riesgo de desastres naturales,  después de Filipinas, India e Indonesia. Además, es el país de América Latina con la posición más alta dentro de esta calificación.

 Al ser el primero en la región, supera a Perú y México, los tres con calificación muy alta, aunque nuestro territorio marca un preocupante indicador de riesgo global del 39,26 y una vulnerabilidad del 48,86.

Básicamente, que Colombia presenta una de las condiciones más desfavorables de la región para responder ante desastres naturales debido a factores estructurales, sociales y económicos.

Además, el país está altamente expuesto a estas emergencias por la presencia de amenazas climáticas e hidrológicas, como inundaciones fluviales y pluviales, combinadas con vulnerabilidades sociales e institucionales.

¿Qué hacer? Es el momento de dar un salto hacia la consolidación de una política pública que les preste atención a esas alertas expuestas por los expertos, con el fin de  contar con unas determinaciones  consolidadas en todos los órdenes.

¿Todo hay que revisarlo? La verdad es que las normas existentes, los vacíos, las medidas que ya no tienen razón de ser ni su aplicación aporta absolutamente nada.

Por ejemplo, en ese caso es necesario que el Gobierno nacional y el Congreso de la República atiendan los llamados de quienes plantean la actualización de las normas de sismorresistencia.

Apuntar hacia asuntos específicos de esa índole, al igual que a la urgente elaboración de  la microzonificación sísmica en ciudades y municipios, para luego avanzar hacia la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), el país podrá empezar a corregir y a fortalecer ese aspecto tan importante.

Pero la otra gran enseñanza que nos deja el terremoto y  los datos conocidos de  nuestra vulnerabilidad, es que todo lo relacionado con la gestión de riesgo debe de ser una política de Estado, con mejoramiento continuo, un brazo presupuestal fuerte y una institucionalidad dedicada al trabajo en las regiones.

Lograrlo conducirá a que la infraestructura hospitalaria y educativa se levante o refuerce  en atención a las condiciones que deberá soportar, puesto que son muchas las vidas por salvar (pacientes, profesionales, educadores y alumnos).  En ese sentido, lo ocurrido con una parte del edificio del Hospital Universitario del Valle, nos indica que no puede dejarse al garete ese tipo de estructuras. 

Como todo esto hay que considerarlo desde el punto de vista transversal para que se logren los más altos estándares y las acciones previstas tengan un buen rango de efectividad, el sistema de salud, entre muchos otros, requiere sacarlo del delicado en que se encuentra.

Debemos entender que al contar con un mapeo en el cual se puedan conocer las diferentes zonas de riesgo, cuáles son los peligros latentes, qué clase de intervenciones, obras o reubicaciones deben hacerse, ayudarán a definir los proyectos dentro de un programa organizado y dotado de recursos presupuestales, crediticios y de la cooperación internacional.

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