El ‘Libro de la verdad’ dado a conocer por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, más que una obra de consulta, puede llegar a ser la base no solamente de investigaciones y procesos, sino de otro capítulo sobre la historia de la incontenible corrupción en Colombia.

El país no debería quedarse más en la enumeración de escándalos y en unas cuantas condenas, y pasar a contar con robustas acciones dentro del plan nacional de lucha contra la corruptela.

Contra dicho mal endémico, que en una semejanza genera el mismo impacto telúrico sobre los dineros públicos, debe desplegarse una cruzada encaminada no solo a extirparlo sino a sancionar a los responsables y a recuperar lo perdido.

Es el momento de barajar varias alternativas para que esa  misión tenga un rumbo con objetivos precisos y muchos dientes para que nada se quede en letra muerta sino con el fin de poder las diversas medidas que produzcan resultados positivos.

Lógicamente, unas de las principales  normas que deben ser fortalecidas son aquellas relacionadas con la contratación pública.
Es que el combate de este flagelo no puede llegar a usarse a manera de bandera política ni para obtener réditos electorales, porque  de ser así quedará inmediatamente debilitada.

Lo expuesto en esa publicación que debe ser investigado a fondo por las autoridades, debe ser tomado como la bandera de arranque para la convocatoria de una comisión especial anticorrupción que finalmente determine las líneas de acción a seguir.

Luego de que se estructuren las operaciones de inteligencia, la recuperación forense de datos, las investigaciones, los procesos para extinguir el dominio de los bienes malhabidos y las condenas, debería volverse un cuerpo permanente.

Es decir, que asuma el manejo, desarrollo y coordinación de esa política, en una estrecha alianza con la Fiscalía, los jueces, la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia, la Cancillería, Procuraduría y Contraloría.

Para los colombianos es urgente que se le ponga freno a una corrupción incontenible que ha estado ahí desde los tiempos de Simón Bolívar, quien el 12 de enero de 1824 expidió el famoso decreto según el cual “todo funcionarios público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital”.

Los  contextos, que hacen parte de la consolidación de argumentos, nos sirven en esta oportunidad para advertir que aunque el tiempo pasa y la corrupción crece como la hierba mala, no hay que cejar en el intento de continuarla enfrentando.

Recordando que la corruptela es igualmente generadora de inseguridad y de afectación directa a las posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, hay que trabajar para intentar desmontar ese muy bien montado contubernio con la clase política. 

Por todo lo ocurrido a lo largo de los años, nada relacionado con la corrupción, no puede volver a quedarse en  titulares de prensa, reportes televisivos o  radiales y en la difusión por redes sociales, sino avanzar los procesos de corrupción hacia la búsqueda de la aplicación de justicia a sus responsables.

Para un país con tantas necesidades como el nuestro, que presenta altos índices de desigualdad, que acaba de sufrir una de sus peores tragedias y cuyo presupuesto siempre resulta insuficiente para cubrir las necesidades, es necesario cuidar celosamente cada peso que se invierta.

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