Como dicen ahora, una mesa de la gasolina fronteriza con asistencia de los gobernadores de los departamentos de estas zonas, los voceros del gremio de las estaciones de servicio, los alcaldes, diputados y congresistas, junto con los ministerios de Minas y de Hacienda, es necesario que se lleve a cabo para dilucidar muchas cuestiones.
¿Cuál será el futuro del combustible exceptuado? ¿Lo dejarán? ¿Cómo harán para que el subsidio no se desvíe hacia las economías ilegales, especialmente de la producción de cocaína?
Esto no es de ahora. La cuestión viene de tiempo atrás y por eso que no puede dejarse que pase más tiempo y se tengan en cuenta las inquietudes sobre la razón para dejar por fuera de ese beneficio a buena parte de los municipios del Catatumbo, como se ha venido planteando desde el Gobierno Nacional.
¿Será necesario marcar la gasolina y el ACPM subsidiado con alguna clase de color para diferenciarla de la nacional? ¿Tendrá que aparecer el chip de control?
Como están las cosas, cuestiones técnicas como esas no serían descabelladas de pensar, así como admitir que se haga una investigación a profundidad sobre el camino que toman los hidrocarburos con subsidio y definir de una vez por todas lo que se tiene que hacer, porque este esfuerzo fiscal no puede terminar favoreciendo a las organizaciones del narcotráfico.
Las regulaciones en este campo de los combustibles fronterizos son de importancia porque es indispensable decidir algunas alternativas como las planteadas recientemente por el Ministerio de Hacienda.
Establecer mecanismos de estabilización diferenciales, mayores controles a combustibles con beneficios tributarios en la frontera, como Norte de Santander, y hacer revisiones regulatorias para identificar eficiencias, son los planteamientos dados a conocer por esa cartera.
Es indispensable conocer el pronunciamiento de todos los actores comprometidos para que en consenso entre el centro y las regiones se pongan en marcha las determinaciones más ajustadas a la realidad local.
Por ejemplo, nadie se opondría a que se hagan controles estrictos al cupo de los 13 millones de galones de combustible exceptuado para evitar los desvíos y el contrabando, como un compromiso por parte del departamento para que les mantengan este beneficio a sus habitantes y se dé el salto hasta los 16 millones mensuales.
¿Y cómo será ese compromiso en la realidad? ¿Lograremos que dure esa cantidad desde el día uno hasta el final de mes? Son interrogantes que desde el punto de vista de la economía resultan importantes si tenemos presente el déficit que afecta al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles.
Y para el presupuesto familiar también resulta positivo no dejar que se pierda esta favorabilidad, como lo demuestra el impacto negativo que se produce cuando de un día para otro el precio salta a raíz de la culminación del cupo y hay que pasar a tanquear con gasolina a precio nacional.
Y en la carpeta de análisis –incluyéndolo dentro de un todo- se encuentra el boom de estaciones de servicio en Cúcuta y Norte de Santander, que también es razonable someterlo al examen técnico, económico y de pertinencia en el mercado, sin afectar la libre inversión ni la dinamización de este sector. En el departamento ya se cuentan 255.
Un dato para agregar al tema: el ranquin de precios en dólares de la gasolina en algunos países de Latinoamérica, tomado recientemente de Bloomberg, al más barato que es Venezuela (US$ 0,016 el galón), le siguen Bolivia con US$ 2,05, Ecuador US$ 2,40, Colombia US$ 2,50, Argentina US$ 3,90, Brasil US$ 4,10 y Paraguay US$ 4,30.
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