En una celda en Estados Unidos terminó encerrado Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, considerado uno de los articuladores clave de la guerra que libra el frente 33 de la disidencia de las Farc contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el Catatumbo.

Esta extradición y los señalamientos de la justicia colombiana constituyen, definitivamente, el último clavo del ataúd en el que quedó sepultada la política de ‘Paz Total’ que se adelantó durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El exgestor de paz enfrentará cargos federales en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en una conspiración internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero, señalamiento contundente que ratifica al narcotráfico como el brazo económico ilegal de esa organización armada.

En el caso que se llevará a cabo en Estados Unidos, habrá que estar muy atentos a las implicaciones que tendrá, en materia de detenciones y extinciones de dominio, la siguiente afirmación del fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones: «Según los registros judiciales, la operación movió cantidades de varios kilogramos de cocaína y facilitó el flujo de ganancias ilícitas a través de las fronteras».

Ese prontuario internacional y sus cuentas pendientes en Colombia por concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento forzado ratifican que no era merecedor de esa aureola y que la disidencia de las Farc, en este caso particular, no tiene ninguna ideología en su lucha armada, sino que busca disputarle el control de las economías ilegales del Catatumbo a su enemigo, el Eln.

Y aunque en el frente político suena bien este desenlace, que supone cortarle una de las cabezas a la hidra de la violencia, lo cierto es que, en el territorio, las incursiones con drones explosivos, las emboscadas, los asesinatos, las desapariciones y los hostigamientos a la población civil no paran.

Por eso, la Fuerza Pública y el Estado en general requieren redoblar esfuerzos en el asunto concreto de esta guerra del Catatumbo para seguir golpeando ofensivamente a las estructuras armadas irregulares y, al mismo tiempo, copar definitivamente la zona con la institucionalidad, a fin de atender los requerimientos en diversos aspectos necesarios para superar las dificultades.

Hay un asunto que no debe olvidarse: la aplicación de justicia al victimario Mocho Olmedo por hechos relacionados con 31 desplazamientos forzados en Tibú y El Tarra, el reclutamiento de 31 menores de edad, así como asesinatos y feminicidios. Esas cuentas pendientes con la justicia colombiana no pueden quedar impunes en el caso de este cabecilla del frente 33, quien también tiene un pedido de extradición contra Jhon Mechas, otro de sus jefes.

Ahora bien, sobre estos grupos que persisten en la lucha armada, vale decir que han perdido no solamente el rumbo, sino también cualquier filosofía, porque lo que están dejando es una estela de terrorismo, muerte, negocios ilegales y violaciones de hasta los más mínimos derechos humanos, además de actuar en contra de las normas del derecho internacional humanitario.

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