El megaescándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha relegado y dejado el caso de la avalancha de El Tarrita en la carpeta de asuntos que deberán esperar una muy larga temporada para encontrarle solución.

Una vez concluya diciembre, estaremos a cinco meses de cumplir el segundo año de este desastre natural, sin que haya nada definido para darles soluciones a los damnificados, determinar la reubicación y levantar el nuevo asentamiento humano.

Lo ocurrido en ese sector de Ábrego, en la provincia de Ocaña, tiene todos los visos de haber sido metido en el congelador, puesto que la toma de decisiones no se ha visto y de lo único que se habla es de los millonarios desvíos de recursos en la UNGRD.

En la entidad, prácticamente se instaló una “organización criminal”, como lo denomina la Fiscalía General de la Nación, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.  

Y las familias afectadas han sentido que esa bola de nieve que viene creciendo con los nuevos acontecimientos que se descubren alrededor de la entidad,   provoca que las probables determinaciones se dilaten, despertando el sentimiento de haber quedado solas frente a esta encrucijada que les cambió la vida.

Obviamente que ese multimillonario hecho de corrupción hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias para descurbrir a todos los implicados y que la justicia empiece a dar resultados, pero en paralelo El Tarrita  no puede quedar condenado al olvido o a un parsimonioso procedimiento en el que las soluciones se tardarán años en llegar.

Los 197 núcleos familiares de esa  zona de Norte de Santander que resultaron impactados por el fenómeno natural ocurrido el 31 de mayo de 2023 requieren una  respuesta de la UNGRD para empezar a reconstruir sus proyectos de vida que se los llevó aquella avalancha que hasta generó un fuerte  impacto sobre la carretera  Ocaña-Cúcuta, cuya herida se nota con los dos puentes metálicos provisionales instalados allí.

Lo peor de todo, es que parece que El Tarrita está condenado a un largo padecimiento porque según denuncias de la comunidad -que  deben ser urgentemente aclaradas por la UNGRD y otras entidades-  se habrían presentado situaciones que entraban los procesos de adquisición de predios.

“Es injusto el tratamiento, pues a mediados del mes de noviembre nos enteramos que parte de la información y estudios realizados desaparecieron en las oficinas de Bogotá. No se encuentra completa por supuesta irregularidad en ese proceso. Por lo que se verían en la necesidad de hacer todo nuevamente,como comunidad vemos esto con gran preocupación”, es la advertencia del presidente de la junta comunal, Álvaro Jácome, que debe ser resuelta por el Gobierno nacional.

Retrasar la soluciones puede resultar más costoso y  generar mayores complicaciones. Para El Tarrita es indispensable que se dispongan los recursos técnicos, geológicos y económicos para definir el proyecto a desarrollar, con la debida planeación. 

Y como esta localidad nortesantandereana será la más emblemática para la UNGRD después del gran escándalo que soporta, deberemos esperar que entonces sea un modelo de eficiencia, eficacia y transparencia, que le permita recuperar la confianza de los colombianos.

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