No hay un solo departamento en Colombia sin riesgo por el conflicto armado, como lo notificó la Defensoría del Pueblo es una advertencia para el Gobierno nacional que sus políticas de Paz Total y de seguridad están haciendo agua y que la violencia se encuentra a la vuelta de la esquina.
Encontrarnos frente al hecho de que 790 municipios de los 1.102 que integran el territorio nacional se encuentren en esa encrucijada, implica que el 71 por ciento se encuentra bajo el influjo de las organizaciones armadas ilegales de toda índole.
Esa situación implica que los Derechos Humanos de miles de pobladores se encuentran en las peores situaciones de riesgo, entre ellos quienes se encuentran en la región del Catatumbo, que tiene una alta incidencia sobre otras áreas de Norte de Santander.
Tomar el informe de la entidad y contrastarlo con los datos gubernamentales y de organizaciones independientes debería ser el proceder de la Casa de Nariño para darle un vuelco a los frentes de las negociaciones de paz y del combate de la inseguridad.
Que sigan ocurriendo hechos de desplazamiento denotan que los grupos armados organizados persisten y profundizan las hostilidades contra la población civil sometiéndola al desarraigo, como lo prueban los 100 eventos de esa naturaleza que este año afectaron a 40.499 personas.
Es decir, nada se ha avanzado y seguimos en una especie de carrusel donde los mismos graves hechos que afectan a las comunidades sometidas por los violentos se repiten y se repiten, generando preocupación y desasosiego.
Hechos como esos hacen parte de las fisuras del debilitado proceso de negociaciones que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado con el Eln, las disidencias de las Farc y otros grupos que finalmente lo que terminan es sacando provecho, fortaleciéndose militar y territorialmente e incumpliendo todas las promesas y compromisos que plantean en la mesa de diálogo.
Lo anterior lo confirma la propia Defensoría del Pueblo cuando al referirse a Norte de Santander señala que en esta zona del país la guerrilla del Ejército d Liberación Nacional (Eln) se encuentra en expansión, “controla rutas de narcotráfico y extorsión, intensificando su reclutamiento forzado en comunidades vulnerables”.
Debe el Alto Comisionado de Paz, con los países amigos que acompañan esta instancia de diálogo, fijar unas reglas claras y sin opción de ser violadas para casos específicos como el de nuestro departamento, el vecino Arauca y toda esta región fronteriza con Venezuela.
Al que la organización guevarista plantea condiciones en la mesa, a la contraparte estatal le corresponde ponerle inamobibles que bien pueden estar relacionados con los hechos denunciados por la Defensoría del Pueblo y ratificados por la cruda realidad a las que se enfentan las comunidades.
Lograr que la paz sea no solamente mediante el silenciamiento de los fusiles sino con el desarrollo de la zona, es la esperanza de los nortesantandereanos, aunque en este caso es interesante matizarla con una aseveración preocupante del presidente del Comité Derechos Humanos, Enrique Pertuz: “parece que el gobierno del presidente Gustavo Petro no conociera el contexto de guerra que se está viviendo en algunas zonas del país, especialmente en Norte de Santander, el área metropolitana y el Catatumbo; o peor aún, poco y nada le importa”.
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