Una ganadora de la primera vuelta presidencial es la transparencia de los resultados de las votaciones, lo cual significa  que la democracia igualmente sale fortalecida.

Al determinar que no hubo fraude como lo reveló el Consejo Nacional Electoral fundamentado en que no hubo un desbordado número de reclamaciones, significa que los comicios superaron todas las pruebas sin que se encontraran fallas de ninguna naturaleza que pusieran en duda lo determinado en el preconteo.

Lo anterior significa para el ciudadano de la vereda o del barrio que su voto libre efectivamente cumplió el cometido de respaldar a alguna de las fórmulas presidenciales que aparecieron en el tarjetón.

“Una vez concluido el 100 % del escrutinio de las votaciones presidenciales por parte de los jueces de la República en todo el país, así como la consolidación de los resultados en el exterior, las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7 % del total de mesas instaladas en el territorio nacional”, fue el planteamiento del CNE.

Ese bajo porcentaje de reclamos indica igualmente que no hubo ninguna base sólida para los cuestionamientos lanzados la noche misma del cierre de las elecciones por parte del presidente Gustavo Petro.

Hay que insistir en que la integridad de la institucionalidad encargada del desarrollo del debate electoral quedó consolidada con los mismos resultados y a salvo de los señalamientos que se le lanzaron desde la Casa de Nariño.

Y lo más particular del caso es que pese a indicar que supuestamente se cargaron  hasta 800.000 cédulas y que el software  no era garantía para los datos finales de la contabilización de los tarjetones depositados, Petro pareció haber dado reversa en esos señalamientos que fueron puestos en duda al no encontrarse evidencias.

Nuevamente aparece en este frente el caso de endilgar responsabilidades de supuestos hechos irregulares a otras  instituciones desde el poder Ejecutivo, generando un preocupante choque que nada bien le hace a un país con problemas de diversa índole.

Ese episodio llenó de preocupación al país, por la situación que pudo haberse desatado en un eventual desconocimiento definitivo de los resultados de las votaciones presidenciales en primera vuelta.

Lo hablado desde el preconteo y los escrutinios de los sufragios depositados por quienes decidieron que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaran a segunda vuelta es más que suficiente para conjurar esas expresiones sobre un presunto resultado fraudulento.

Con un conflicto armado que no cesa y diversidad de inconvenientes de toda índole que requieren de urgente solución, sumarle un hecho altamente riesgoso para  en la estabilidad democrática no es la opción que los colombianos en los territorios y ciudades necesitan.

Para seguir blindando el voto libre y sin constreñimiento ni armado ni con ofrecimiento de dinero o dádivas de ninguna naturaleza, se necesita mantener esa amplia y muy importante observación electoral internacional, por las garantías que significa para lograr que la expresión del votante  al momento de marcar el tarjetón sea libre y se refleje finalmente en los resultados.

Elegir y ser elegidos es un derecho constitucional que nos pertenece a todos, pero al mismo tiempo figuras con investiduras como la del presidente de la República tienen que acatar igualmente la Constitución y evitar caer en denuncias y afirmaciones que por su impacto pueden llegar a degenerar en graves consecuencias.

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