Colombia padece hoy su desastre natural producto del terremoto que asoló a varios departamentos y ciudades, con miles de familias damnificadas, cientos de edificaciones  colapsadas y un número de víctimas fatales que va en crecimiento.

La emergencia ha estado matizada con instantes milagrosos al lograrse el rescate de sobrevivientes de entre los escombros por parte de las personas que adelantan las labores de búsqueda.

En primer lugar hay que extender  el mensaje de apoyo con las regiones damnificadas en Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío que padecieron los más fuertes efectos del movimiento telúrico de alta magnitud.

También hay que tocar los corazones solidarios de la comunidad para unirse a las campañas de recolección de ayudas de diferente naturaleza como alimentos, artículos de aseo personal, agua y elementos requeridos para la atención de esta clase de situaciones catastróficas.

Igualmente resurgen las consideraciones en torno a contar, mejorar, adecuar y fortalecer los sistemas de prevención con planes de evacuación y comportamiento ciudadano frente a esta clase de desastres naturales como el ocurrido el 10 de agosto en la mañana.

En la misma medida, los gobiernos nacional, departamental y municipal deben tener presente lo importante que es contar con una mitigación y gestión del riesgo fortalecida presupuestal y técnicamente, mediante una política pública que la blinde de la corrupción, y que a la vez contemple sólidas medidas para respuestas efectivas y con equipos de profesionales en las diferentes áreas requeridas.

Lo ocurrido también sirve para hacer una evaluación con cabeza fría que conduzca a entender que todo lo relacionado con este campo no debe ser considerado como un gasto al ser más bien una inversión en favor de la vida de los colombianos.

La dotación es algo en lo cual se debe trabajar con urgencia, para que los auxiliares y los miembros de los cuerpos de socorro no tengan que adelantar el rescate en difíciles condiciones.

Y en este escenario, los habitantes de Cúcuta y el área metropolitana que sintieron el sismo, merecen igualmente una urgente respuesta de las autoridades locales y nacionales sobre un reclamo que ya tiene más de 25 años, sin que haya una respuesta efectiva hasta el momento.

Estamos hablando, nuevamente, del inaplazable estudio de microzonificación sísmica de la ciudad, que es urgente proceder a efectuarlo para luego entrar a ponerlo en práctica, como un elemento esencial del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Para una ciudad como la nuestra, con alto riesgo sísmico tanto histórico como de localización, es indispensable contar con un diagnóstico especializado de esa naturaleza para la definición de desarrollos como la expansión urbana y las definiciones sobre aquellas áreas que científicamente sean declaradas de alto riesgo.

Hay que insistir en que la opción no es el aplazamiento, porque se requiere saber qué lugares de la ciudad ni siquiera son aptos para la construcción y en qué áreas pueden levantarse edificaciones de gran altura, entre otras especificaciones que al final del tiempo constituyen un adecuada tarea para mitigar peligros.

Las tragedias de Venezuela y de varios departamentos colombianos ojalá que sean suficientes para acelerar este urgente plan preventivo.

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