Los liderazgos comunales y ambientalistas, defensores de derechos humanos, activistas de género, raza y voceros de quienes luchan por la educación, la cultura y la protección de personas vulnerables siguen estando en la mirilla de los violentos en Colombia.  

Y Norte de Santander tiene ahí su cuota de víctimas fatales como las dadas a conocer por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con dirigentes comunales asesinados este año en Cucutilla, Cúcuta, Ábrego(2) y Tibú(2).

Al hacer un análisis detallado por municipio surge que la subregión el Catatumbo es de muy alto riesgo para la seguridad y la vida de esa clase de dirigentes y quienes enfrentan gran peligrosidad en el desarrollo de sus labores.

Y Cúcuta no se escapa de un escenario cada vez más complicado para quienes desde las Juntas de Acción Comunal despliegan sus tareas comunitarias, al igual que otros líderes que sufren toda suerte de intimidaciones.

Primero se señalaba a la banda criminal transnacional del Tren de Aragua de hostilizar y perseguir al liderazgo en los barrios y comunas, después la señal se posó sobre los AK-47, la Familia P y  otras de las 26 bandas asentadas en la ciudad que tienen en el microtráfico una de sus fuentes de ingreso dentro de su economía criminal.

Al ser la dirigencia comunal  consciente de que ese delito genera dañinas incidencias sobre la seguridad ciudadana y acelera la adicción, por eso es que desde su representatividad levanta la voz para oponerse a las ollas y a la presencia de expendedores de estupefacientes, así como para reclamar acciones efectivas por parte de las autoridades responsables.

Eso ha costado amenazas, desplazamiento y hasta abandono de sus actividades por la presión de los delincuentes que llegan a apoderarse y a intentar ejercer control sobre determinados lugares urbanos.

Sin embargo, hay un hecho que merece mayor atención y es el denunciado por uno de los dirigentes de las organizaciones comunales en la capital de Norte de Santander, y es que ahora el Eln y la disidencia de las Farc se vinieron a sumar a quienes los persiguen, hostigan y amenazan por la misión que desarrollan en beneficio de las comunidades urbanas y rurales.

El rompimiento del tejido social es lo que buscan estos grupos dentro de su forma de ingreso violento para ejercer el control político y social sobre sectores poblacionales, para lo cual acuden al desarraigo y hasta el asesinato de quienes tienen el liderazgo.

Acciones como esas conducen a que la gente se atemorice y prefiera abstenerse de seguir liderando o de asumir labores dentro de las juntas comunales, asestando de esa manera un golpe a esa forma de organización de quienes habitan en  los barrios y veredas.

Dentro del efecto dominó que provoca ese debilitamiento, se encuentra el de  que las comunidades se quedan sin quien las represente ni gestione por ellas ante las administraciones locales.

Lo de Cúcuta debe tener una respuesta interinstitucional urgente, porque ya son cincuenta los líderes comunitarios amenazados en lo corrido del presente año, máxime que ahora también las operaciones de amedrentamiento provienen de organizaciones armadas ilegales.

La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Alcaldía y la Fuerza Pública tienen que actuar frente a un hecho que amenaza directamente a las comunidades de vastos sectores urbanos que empiezan a percibir la ausencia del Estado dentro de un marco de violencia, intimidación y coerción por parte de los violentos.

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