Hay un pasaje en la historia reciente del conflicto armado que en Norte de Santander todavía tiene venas abiertas, como es el de la incursión paramilitar que dejó miles  de víctimas entre muertos y desaparecidos, al igual que  a familias sin la reparación debida ni la verdad suficientemente aclarada y con los riesgos de una repetición inminente de los hechos.

Ahora que recobró la libertad al salir de La Picota, se espera que el excomandante del Bloque Catatumbo, Salvatore Mancuso, comience a cumplir los compromisos asumidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ayudar a desentrañar muchos de los pasajes oscuros de aquél tiempo.
Como gestor de paz nombrado por el presidente Gustavo Petro en agosto del año pasado, a Mancuso le corresponde no olvidar lo que dijo en las audiencias de la JEP, de que iba a ayudar a levantar el velo sobre los desaparecidos en la frontera con Venezuela, por el sector entre Táchira y Norte de Santander, donde funcionaron los hornos crematorios paramilitares.

Ubicados en el sector del corregimiento Juan Frío, en Villa del Rosario, fueron utilizados para la desaparición de los cadáveres de quienes murieron en esa época violenta.

En su momento, el Centro Nacional de Memoria Histórica señaló  que los hornos fueron una estrategia más de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia para generar escarmiento entre la comunidad y exhibir su control y poder en la región, que para esa época estaba bajo el dominio de las guerrillas del ELN y las antiguas Farc.

Muchas dudas rondan a las familias dolientes directas de las víctimas así como aquellas que padecieron desplazamiento, despojo, amenazas e itimidaciones por esos escuadrones que asumieron por cuenta propia la aplicación de la justicia en numerosas zonas del país, inicialmente para buscar derrotar a las organizaciones subversivas, terminando en un baño de sangre, para luego imponer su poderío en el manejo del narcotráfico.
“Es lamentable”. “No hay justicia”. “No esperamos que vaya a decir la verdad”, son las afirmaciones que se escuchan entre los grupos de personas que de una u otra manera resultaron siendo impactadas por el accionar de los paramalitares.

Frente a esta válida posición, porque de todas maneras las dudas advierten que la impunidad y la falta de real reparación y el compromiso de que lo vivido no volverá a pasar, la JEP tiene ahí una buena oportunidad para que el exjefe paramilitar cumpla lo prometido.

De nuevo el país se encuentra enfrascado en un debate sobre  lo ocurrido con la libertad concedida al excomandante paramilitar que pagó 15 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos y quien sería responsable de más de 24.000 delitos en Colombia.

La sucesión de acontecimientos que se comiencen a derivar de este pasaje, es necesario examinarlo con ojo crítico porque se trata, por su categoría, del más importante gestor de paz designado por el Gobierno Nacional que empezaría a actuar.

Vamos a ver si va a cumplir. Es necesario estar atentos para determinar si Mancuso empezará actuar como tal. Y, obvio, los resultados deben ser los más importantes, porque son los hechos reales y los hallazgos que él logre concretar. Pero también, que les cumpla a sus víctimas, puesto que no todo puede terminar ni siendo un espectáculo para la galería ni una revictimización ni una burla, sino en el acatamiento de todo lo ordenado por la justicia restaurativa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion