Sobre un sector altamente generador de empleo, de recursos y que está estrechamente ligado al desarrollo de Norte de Santander, como lo es el carbonero, se cierne una gran amenaza por efecto del alza en el precio del ACPM para los grandes consumidores de ese combustible en el país.

 Dentro de un mes entrará a regir el Decreto 763 que desde ahora es considerado lesivo para este renglón de la economía regional,  al proyectarse efectos devastadores que bien podrían poner en riesgo muchos puestos de trabajo que genera en el  departamento.

Es decir, aparte de los inconvenientes que la inseguridad ha acarreado a este sector minero-energético, ahora llevará a cuestas un elemento adicional que impactará directamente sobre los costos operativos, convirtiéndose en un riesgo para su estabilidad.

Una vez más, esta medida gubernamental deja la sensación y el sinsabor de que hay mucho de improvisación, poco de planeación, nada de proyección y escaso análisis sobre los reales efectos directos e indirectos que alzas de un combustible como ese puede ocasionar entre las empresas que lo utilizan.

En su momento, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que este  reajuste permite un ahorro de $50.000 millones mensuales, es decir, $600.000 millones al año. Los grandes consumidores representan el 5% del consumo total de ACPM y cobija alrededor de 150 empresas que se concentran en minería, petróleo (60%), entre otras”.

Esos datos así expresados producen la sensación de que no sería muy profundo el impacto sobre ciertos renglones de la economía colombiana, pero cuando se desagrega por regiones y se hace una evaluación más detallada, ahí es cuando salen a relucir los detalles preocupantes como los advertidos por la Asociación de Carboneros del departamento.

Por ejemplo, causa preocupación lo dicho por la gerente Margarita Contreras, de que en estas circunstancias, el aumento continuo del precio del diésel se convierte en un desafío adicional y significativo, poniendo en riesgo la viabilidad del sector minero del carbón y, con ello, del sustento de más de 80.000 familias en Norte de Santander.

Esa es una notificación a la que se le debe poner atención desde el Gobierno Nacional porque se trata de una de las principales actividades económicas del departamento, con una producción promedio que alcanza las dos millones de toneladas.

No hay que esperar hasta que los daños se produzcan y que vengan las lamentaciones ante unos hechos que no puedan enderezarse. El empleo, la empresa y la producción hay que protegerlos y más si resultan lesionados por determinaciones adoptadas por el Estado.

Pero además, y como lo han expresado muchos miembros de ese gremio, debería garantizarse el servicio de energía eléctrica en diversas zonas remotas del departamento donde se encuentran muchos de los yacimientos y de esa manera darles la posibilidad de no depender del ACPM que a partir de agosto empezará a subir de precio a partir de agosto para los grandes consumidores.

Todavía se está a tiempo de revisar la medida y proceder a extenderle una opción que salvaguarde a los carboneros regionales de caer en una situación insostenible por el reajuste del ACPM que las minas utilizan, puesto que al momento de hacer cuentas, las ganancias obtenidas no soportarían más incrementos de gastos en la parte operativa.

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