Por su localización fronteriza, el conflicto armado en Norte de Santander siempre ha tenido su tinte internacional, bien sea porque Venezuela es tomada como retaguardia por los grupos armados ilegales o como en el caso de las víctimas de desaparición forzada, las huellas cruzaron el río Táchira.
Tanto la violencia generada en las acciones de la guerrilla como la provocada por el paramilitarismo, ese fantasma de no saber el paradero de centenares de personas, cuyo rastro se esfumó, hace parte de un capítulo sobre el que es necesario avanzar para develar lo ocurrido.
Que tantas familias puedan saber a ciencia cierta qué sucedió con quienes murieron en medio del conflicto, pero de los que nadie sabe dónde están, es un derecho que se les debe respetar facilitándoles todos los procedimientos para que la búsqueda logre darles respuestas.
Sobre ese aspecto de los desaparecidos en medio de la violencia en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene registros de 110.142 víctimas directas de desaparición forzada y 121.128 indirectas.
Para el caso específico del departamento, el tribunal de justicia transicional y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, han adelantado labores forenses de intervención en el Cementerio Central de Cúcuta, con el mismo propósito.
Luego se produjo el compromiso adquirido ante la JEP por el exjefe paramilitar y excomandante del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, de ayudar a la localización e identificación de fosas comunes en que los miembros de aquellas estructuras armadas ilegales sepultaron a quienes murieron en medio de sus incursiones en esta parte del territorio nacional.
Por lo tanto es de la máxima importancia permitir que la claridad se pose sobre los horrores dejados por a multiplicidad de hechos violentos ejecutados por organizaciones que han despojado, desplazado, hostigado, masacrado y violentado los Derechos Humanos de comunidades enteras.
En el caso nortesantandereano, específicamente, resulta imperativo acordar con las autoridades venezolanas las acciones diplomáticas y de orden logístico para emprender las acciones de búsqueda de desaparecidos colombianos.
Mancuso dio a conocer que por lo menos 600 cadáveres de esas víctimas que cayeron en medio de las acciones contraguerrilleras y sus auxiliadores perpetraron los escuadrones paramilitares en esta parte de la frontera colombo-venezolana, se encontrarían sepultados en el cementerio de San Cristóbal.
Ese espantoso número nos indica que en la región, solo en ese caso, casi una cifra semejante de familias está buscando hoy a sus deudos para cerrar ese doloroso trance en que se encuentran.
Lo triste es que ahí no para todo, porque también los camposantos de San Antonio del Táchira y de Ureña, así como en sitios de los que el excomandante paramilitar dice tener conocimiento, hay indicios de contener restos mortales de quienes desaparecieron forzosamente.
Para enfrentara, esa tragedia de la que el departamento no escapa, precisamente por ser un territorio altamente martirizado por las organizaciones armadas al margen de la ley, debe resaltarse el trabajo adelantado hasta el momento por la UBPD, con su equipo especializado que abre esperanzas ciertas para que los hechos de desaparición forzada no se quedaran solo en un gélido conteo, sino que ha adquirido una faceta esperanzadora para ponerle fin al sufrimiento y la incertidumbre a las familias buscadoras.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
