El paso del tiempo va dejando huellas sobre la actividad o inacción humana para el mejoramiento de sus condiciones de vida en aspectos como el económico, de infraestructura o sociales.

En una cumbre sobre el agua, desarrollada en Cúcuta, se habló de un asunto que nos debe preocupar a todos, relacionado con frenar la contaminación de los ríos que en últimas son los surtidores del preciado líquido a los acueductos del área metropolitana y de Norte de Santander.

En dicho asunto la responsabilidad es general, porque todos los días las aguas servidas que salen de nuestros hogares van a  parar directamente a los cauces de   ríos como Pamplonita y Zulia que, recordemos, son esenciales para los usuarios de la capital departamental.
Dentro del plan proyectado para enfrentar esa situación relacionada con el necesario saneamiento básico se habla de las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre ellas  la de Carmen de Tonchalá, que emitirá las aguas tratadas al río Zulia, y la otra al río Pamplonita, a donde en la actualidad se descargan cerca del 80 por ciento de las aguas servidas de la ciudad.

Pero, he aquí el problema. Al desempolvar los intentos que para conjurar ese mismo añejo problema, se encuentra que en la década de 1990 alcanzó a tenerse una probable solución con nombre propio.

Fue en el gobierno del segundo alcalde por elección popular de Cúcuta, Jairo Slebi Medina, cuando al proyecto se le denominó laguna de oxidación.

Dicha iniciativa para aliviar esa pesada carga que se le deposita al Pamplonita se quedó ahí, sepultada, con un mero anuncio y  con la correspondiente autorización para conseguir un predio y adelantar las gestiones para construirla que hace más de treinta años le concedió el Concejo.

Sucede que es urgente un compromiso real para en esta ocasión no quedarnos otra vez con una opción congelada, mientras nuestras las cuencas hidrográficas siguen siendo impactadas por ese tipo de incesante contaminación diaria.

Hablamos así porque en 2020 estuvo en la ciudad el entonces ministro de Vivienda, Jhonatan Malagón, para advertirnos que Norte de Santander es igual que el África Subsahariana en materia de aguas residuales, al no contar con sistemas adecuados para tratarlas.

 Y luego, 20 de mayo de 2021 se determinó dentro del acuerdo financiero para garantizar el despegue  del proyecto, que Corponor aportará $900 millones, la Gobernación $1.000 millones y la Alcaldía de Cúcuta, $2.500 millones.

Hoy, estamos a las puertas de concluir 2026 y todavía seguimos igual, con ríos altamente contaminados sin que los anuncios estén convertidos en trabajos en el terreno y las PTAR continúen ahí en el papel sin haber podido descontaminar ni un centímetro cúbico.

Darle máxima prioridad a esta obra tiene que hacer parte de la llamada gobernanza del agua puesto que así como tomamos el agua del río para potabilizarla y luego se la devolvemos -desafortunadamente- cargada de toda clase de desechos, se requiere aplicar el mecanismo adecuado para descontaminarlo, porque de lo contrario llegará el día que esa descarga ocasionará daños irreversibles.

Las horas, los días, los meses y los años han comenzado a pasar desde que se planteó esta fórmula que ojalá encuentre el eco en el Gobierno nacional y la incluya en el Plan de Desarrollo con el propósito de poder emprender sin tardanza los trabajos, para que Norte de Santander deje de ser un departamento donde las aguas servidas van derecho a los ríos tal como salen de las viviendas, ante los bajísimos niveles de tratamiento.

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