La sostenibilidad fiscal no es ni un enunciado ni un planteamiento de los especialistas cuando de analizar cuestiones presupuestales o de deuda territorial se trata. Su aplicación al pie de la letra es, hoy por hoy, una decisión responsable en el manejo de las finanzas públicas cucuteñas.

Un capítulo del pasado y los riesgos del futuro indican que se debe actuar manteniendo las políticas fiscales y cumpliendo  con las obligaciones presentes y futuras sin comprometer la estabilidad económica ni generar deuda insostenible. Aunque es lógico que la ciudad necesita obras, la planeación, la austeridad, la gestión, el control y la eficiencia necesariamente  deben  ir de la mano para el cuidadoso manejo de los recursos públicos. 

Por ejemplo, en este momento hay preocupación ciudadana  porque con el nuevo cupo de endeudamiento  de $30.000 millones, que el Concejo la aprobó a la Alcaldía, la deuda total del municipio ascenderá aproximadamente a $433.000 millones.

Por ese monto, en los próximos 10 años la cuantía  en solo intereses se calcula en unos $235.000 millones, asunto que también genera inquietud porque los programas sociales para atender la inmensidad de necesidades de la población dejan de contar con tan importante monto.

Al tomar la calculadora y sumar ambas cantidades relativas al endeudamiento,  el resultado supera los $600.000 millones que es la suma prevista a pagar entre este año y el 2036. Este dato, que tampoco es menor, llama la atención en un momento en que situación fiscal por la que atraviesa Colombia no es la mejor.

Dentro de la necesaria veeduría ciudadana a las acciones de gobierno, surgen varias preguntas: ¿en qué se han invertido los $287.000 millones del  otro cupo de endeudamiento autorizado al alcalde Jorge Acevedo? ¿Era necesario seguir endeudando al municipio, ahora con los $30.000 millones? ¿Estamos seguros de que la realidad no desbordará las proyecciones y el semáforo de las agencias  calificadoras de riesgo?

Como es lógico, serán los recursos que  pagan los contribuyentes de los impuestos predial e industria y comercio los que irán a soportar el cumplimiento de esos compromisos con la banca.

¿Hay proyectadas estimaciones sobre si lo presupuestado va a la par con lo recaudado o si hay un desfase en esos dos pilares de sus  ingresos corrientes de tipo tributario?

Para este año, por el primer tributo se presupuestaron $135.000 millones, pero en julio el recaudo llegó a $73.000 millones, mientras que en el segundo, el presupuesto habla de $114.000 millones, y hasta el séptimo mes era de $75.000 millones.

Para la ciudad y sus habitantes es indispensable que rija la sostenibilidad fiscal que no es más que la habilidad de un gobierno para financiar los  gastos, recaudar impuestos y manejar la deuda pública de manera que pueda cumplir con los compromisos actuales y futuros sin recurrir a ajustes abruptos en impuestos, recortes desproporcionados en el gasto o endeudamiento excesivo que ponga en riesgo la estabilidad económica.

Ya Cúcuta vivió una compleja situación que llevó al municipio a entrar en el régimen de Ley 550, bajo el esquema de reestructuración de reestructuración de pasivos, en el lapso comprendido entre 2002-2011.

Allá no podemos volver, pero lo que sí avizora el futuro es un nuevo alcalde que tendría escaso margen de maniobra por el endeudamiento heredado que lo llevaría a adoptar un severo recorte en los gastos de funcionamiento y a buscar otras alternativas para sanear y recuperar las finanzas de la capital de Norte de Santander. 

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