Los derechos humanos siguen estando en condición de vulnerabilidad por diversidad de hechos que los amenazan y que van desde el accionar de los violentos hasta cuestiones relacionadas con asuntos socioeconómicos.
En algo que no es ajeno para Norte de Santander donde el conflicto armado y la inseguridad persisten, uno de los factores que generan zozobra y sufrimiento a la población civil son los grupos armados ilegales.
Y ahora que se habla de los DD.HH., es necesario reiterar el fortalecimiento, crecimiento y expansión del control territorial, militar, político y social de los factores de violencia en Colombia.
Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo identificó que la disidencia de las Farc se encuentra operando en 372 municipios, mientras el Ejército de Liberación Nacional opera en 260 y el Clan del Golfo tiene influencia en 509 municipios.
Los dos primeros grupos mantienen hoy, bajo su yugo, al Catatumbo en una conflictividad que ha dejado una estela de homicidios, desplazamientos, desapariciones, ataques a la Fuerza Pública y uso indiscriminado de armas ilegales como los drones cargados con explosivos.
Para tener un punto de referencia sobre el deterioro de los derechos humanos por efectos del conflicto, actualmente están vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales, que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos.
A ello se suma la aparición de nuevas modalidades de violencia: entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados (drones), que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas.
A lo anterior debemos sumar la reciente incursión del Eln con un enjambre de aparatos no tripulados contra un cuartel militar en Ocaña, dejando tres uniformados muertos.
Pero la degradación ambiental también marca puntos en contra de los derechos humanos, por situaciones como una deforestación en crecimiento. Entre 2024 y 2025 aumentó de 113.608 a 119.483 hectáreas.
La minería ilegal también representa riesgos para las comunidades y los ecosistemas. Entre 2023 y 2026, la Defensoría del Pueblo emitió 34 Alertas Tempranas en las que identificó esta actividad como una economía de riesgo para las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos.
Son variados y todos altamente peligrosos los frentes desde donde se lanzan acciones para desestabilizar, afectar y poner en riesgo derechos fundamentales de los colombianos, entre los cuales también se incluyen otros tres igualmente de alta incidencia en el tejido.
Los eventos de conflictos sociales manifiestos pasaron de 1.426 en 2022 a 4.039 en 2025. Estas son expresiones legítimas del ejercicio de los derechos de reunión, expresión y manifestación, por lo que es importante fortalecer las capacidades institucionales de diálogo, respuesta y garantía efectiva de derechos.
Entre tanto, persisten graves riesgos para quienes defienden los derechos humanos. Entre 2016 y junio de 2026 fueron asesinadas 1.743 personas lideresas y defensoras de derechos.
La libertad de prensa enfrenta igualmente amenazas. Entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) registró 711 agresiones contra periodistas, entre ellas 275 amenazas. A su vez, entre 2020 y 2026 se registraron 12 homicidios de periodistas, dos de ellos durante 2026.
Los derechos humanos hay que ponerlos a salvo. No se debe bajar la guardia en ello.
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