La decisión del presidente Abelardo De la Espriella de levantar la suspensión general del porte de armas de fuego reabrió en Cúcuta y Norte de Santander una discusión que trasciende el derecho individual a la defensa: ¿qué efectos puede tener una mayor circulación de armas en un territorio donde convergen delincuencia organizada, economías ilegales, estructuras armadas y una violencia que se proyecta desde el Catatumbo y la frontera?
El Decreto 1368 de 2026 no establece un porte libre ni elimina los controles para adquirir o portar armas. Se mantienen las autorizaciones estatales, los requisitos legales y las restricciones para quienes no tengan un permiso vigente. La modificación permite, en términos generales, que vuelvan a operar los permisos de porte bajo el control de las autoridades.
Pero en Cúcuta la discusión adquiere una dimensión distinta. La ciudad y su área metropolitana están insertadas en una dinámica de violencia que no se limita a los delitos urbanos. Las autoridades y organismos de seguridad enfrentan estructuras de delincuencia organizada con conexiones hacia las economías ilegales, la frontera y los grupos armados que operan en el Catatumbo.
El defensor de derechos humanos Enrique Pertuz considera que la medida no resulta conveniente para Norte de Santander por las condiciones particulares del departamento, donde, según señala, tienen presencia más de 35 estructuras criminales, además de organizaciones insurgentes, grupos paramilitares y redes mafiosas.
Un territorio donde las armas ya son protagonistas
Los datos aportados por Pertuz muestran la dimensión del problema. En 2024, de los 566 homicidios registrados en Norte de Santander, 488 fueron cometidos con proyectil de arma de fuego, equivalente al 86,2 %. En 2025, de 845 homicidios, 742 tuvieron esa misma característica, es decir, el 87,8 %.
Para quienes cuestionan el levantamiento de la restricción, estas cifras constituyen una señal de alerta: en un territorio donde las armas de fuego ya tienen una participación tan alta en los homicidios, aumentar su presencia entre particulares no necesariamente se traduce en mayor seguridad.
El investigador y catedrático de la Universidad Libre de Cúcuta, Mario Zambrano, plantea precisamente esa reserva. A su juicio, las condiciones de la ciudad obligan a evaluar la decisión nacional desde la realidad territorial.
“Más armas circulando legalmente ¿producen necesariamente más seguridad? No estoy convencido de que esa relación sea automática”, sostiene Zambrano. Su propuesta es que la seguridad repose en instituciones con mayor capacidad de inteligencia, investigación criminal, control territorial y desarticulación de las organizaciones delincuenciales, antes que en una carrera armamentista entre ciudadanos y criminales.
El argumento de quienes defienden la medida
La otra cara de la discusión parte de una realidad igualmente difícil de ignorar: los delincuentes no esperan una autorización estatal para conseguir armas.
El expersonero de Cúcuta Karol Blanco considera que el debate debe abordarse sin posiciones extremas y con la protección de la vida como principio central. Su argumento es que el ciudadano que cumple los requisitos legales no debería quedar en desventaja frente a quien porta armas de manera clandestina.
“¿Cómo garantizamos que una persona honesta, que cumple con todos los requisitos y que eventualmente necesita proteger su vida y la de su familia, no quede completamente indefensa frente a quien decide delinquir?”, plantea Blanco.
Para el abogado y catedrático universitario Carlos Alberto Jaimes, la medida de De la Espriella es pertinente por dos motivos especiales: uno, sirve de disuasión a la criminalidad, porque los criminales ya sabrán que hay más de 700.000 armas en las calles del país y que, en cualquier momento, esas armas pueden ser activadas en defensa de un derecho propio o de un tercero. Y dos, porque nosotros vivimos en una democracia y, cuando hay armas de porte libre, en un momento dado son necesarias para hacer respetar el orden constitucional.
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Esa posición coincide con la del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, quien ha respaldado la decisión presidencial y sostiene que los delincuentes están mejor armados que los ciudadanos que cumplen la ley. Desde esa perspectiva, permitir el porte a quienes acrediten las condiciones exigidas por el Estado sería una forma de reducir esa desventaja.
El riesgo está en lo que no controla el decreto
Los expertos consultados advierten, sin embargo, que el problema no termina en determinar quién puede portar legalmente un arma.
La investigadora Manuela Suárez, exintegrante de la Fundación Ideas para la Paz, pone el foco en la trazabilidad. Su preocupación es que Colombia no cuenta con un sistema suficientemente eficaz para establecer qué ocurre con las armas que originalmente ingresaron al mercado legal y posteriormente terminaron en manos de organizaciones criminales por robo, alquiler o corrupción.
El país, además, ya tiene un amplio mercado de armas. Las estimaciones hablan de cerca de cinco millones de armas de fuego en circulación, de las cuales entre 700.000 y 900.000 tendrían registro legal.
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Para el experto en seguridad Hugo Acero, el riesgo está en trasladar al ciudadano una responsabilidad que corresponde al Estado. Una discusión callejera, una reacción bajo los efectos del miedo o la ira o una equivocación al identificar a un supuesto agresor pueden convertir una situación cotidiana en un enfrentamiento armado.
Cúcuta, el laboratorio territorial de la medida
El debate adquiere especial relevancia en Cúcuta porque no se trata solamente de una ciudad con delincuencia común. Es un territorio donde confluyen las dinámicas de seguridad urbana, la criminalidad organizada, la frontera y el conflicto armado del Catatumbo.
Por eso, la pregunta que queda planteada no es simplemente si un ciudadano que cumple los requisitos debe poder portar un arma. El interrogante de fondo es si la presencia de más armas legales en las calles puede contener a organizaciones que ya operan con arsenales ilegales o si, por el contrario, puede elevar el riesgo de que conflictos cotidianos terminen en hechos letales.
El abogado Martín Santos recuerda que levantar la suspensión general no convierte el porte en un derecho automático. La legítima defensa continúa siendo una figura jurídica distinta de la autorización administrativa para portar un arma de fuego. Quien no tenga permiso vigente, o lo tenga vencido, suspendido, cancelado o revocado, no puede portar legalmente.
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En una ciudad acostumbrada a convivir con la violencia, la frontera y la presencia de múltiples estructuras delincuenciales, el decreto abre así un desafío adicional para las autoridades: garantizar que la flexibilización de las condiciones para el porte no termine aumentando la capacidad de fuego de una sociedad que ya registra una elevada participación de las armas en sus homicidios.La discusión apenas comienza y Cúcuta aparece como uno de los territorios donde sus efectos deberán medirse con especial atención.
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