La Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres que parece haberse convertido en la ‘caja menor’ de la corrupción colombiana o tiene que renacer como el ave fénix o desaparecer para que se defina otra entidad encargada de los aspectos relacionados con la atención de emergencias.

¿Será una buena opción hacer eso?

Lógico, pero si va acompañada de una efectiva administración de justicia que envíe tras las rejas, durante una buena temporada a los responsables, y al mismo tiempo adelantar las diligencias de extinción de dominio y recuperación de los dineros dilapidados en esta danza de los millones.

¿Pero ya hemos visto pasar otros casos y después de la exposición mediática todo se olvida?

Eso no puede permitir que se repita en este caso. Haciendo un juego con las palabras que conforman el nombre de la UNGRD, el desastre ocasionado por la desbordada corruptela requiere una gestión urgente para que el caso sea totalmente aclarado, sus responsables condenados y que políticamente haga rodar las cabezas que sean necesarias.

Incluso, para el bien de la democracia, que es la que en últimas resulta seriamente afectada, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Justicia que manejan las acciones contra los aforados que han sido denunciados por su vinculación con este escandaloso hecho.

Es que la ciudadanía que sufre en carne propia hechos como los de El Tarrita y otras situaciones provocadas por los fenómenos naturales en diferentes regiones del país, no entienden la razón para que ellos sigan ahí como damnificados sin ninguna solución, mientras ven como el dinero que estaba destinado para atender esa clase de situaciones, se desvía para pagar millonarias coimas a cambio de favores.

Hay que reclamarles al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial la declaratoria de una especie de emergencia para enfrentar la corrupción que tanto daño nos sigue haciendo en todas las esferas del poder público en el país.

Debe haber una acción coordinada con planes específicos a corto, mediano y largo plazo para cortarle la cabeza a esta medusa corrupta que como un barril sin fondo consume miles de millones de pesos, sin que efectivamente se adopten acciones extraordinarias para combatirla con rigurosidad.

Se necesita una plataforma para atacar, atajar y desbaratar los hechos de corrupción mediante severas sentencias penales y unas fuertes sanciones disciplinarias y fiscales para que por un lado pierdan los derechos políticos y los recursos del Estado sean restituidos.

Y un hecho evidente es que el presidente Gustavo Petro tiene la obligación de ponerse al frente de la crisis desatada por lo que ha sucedido en la UNGRD, que ni es un hecho aislado ni algo sin importancia, porque es la credibilidad ciudadana en el Estado la que está comprometida ante semejante situación ocurrida.

Sin duda en este momento el mayor problema que asfixia a Colombia es la corrupción y como tal hay que actuar sin tardanza, porque las instituciones mismas corren riesgo de resquebrajamiento ante ese peligroso cáncer que ya ha hecho metástasis y, como tal, requiere de una política pública cuya máxima sea actuar sin contemplaciones caiga quien caiga, porque primero está la estabilidad del país.

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