La doble calzada Cúcuta-Pamplona sufrió el primer atentado terrorista; un helicóptero que llegó para apoyar la lucha contra la delincuencia en el área metropolitana de Cúcuta, la consolidación del grupo Gaula y un megaoperativo en las prisiones colombianas, hacen parte del panorama de seguridad.
Preocupa que cuando ni siquiera se ha cumplido el primer año de haber culminado los trabajos en la megaobra, los grupos armados organizados desaten ataques como el que hizo volar por los aires la estructura de cobro.
La activación de las operaciones de inteligencia por parte de los organismos de seguridad del Estado para dar con el paradero de los responsables y la recompensa ofrecida para descubrir a los autores intelectuales, son una buena llave en esta clase de episodios.
Sin embargo, en la época en que sucedió y en la carretera en que se presentó el atentado recuerdan que ni en la temporada decembrina los violentos dejan de sembrar zozobra y temor entre la población civil.
Acciones dinamiteras como la sucedida en el peaje Pamplonita tienen el fin de amedrantar a la población civil, máxime en esta época de vacaciones en que aumentan los viajes en transporte terrestre hacia diferentes destinos en el país.
La incertidumbre ciudadana se profundiza con esta clase de hechos, porque precisamente el mensaje que un bombazo como el señalado le envía al ciudadano es que ni siquiera podrá circular con tranquilidad por aquella megaobra que conecta a la capital nortesantandereana con la Ciudad Mitrada.
Es muy compleja la situación que en materia de orden público registra la región que necesita el apoyo del Gobierno nacional en los planes para enfrentar a los grupos violentos y de esa manera contener los secuestros, los ataques a integrantes de la Fuerza Pública, enfrentar el narcotráfico, el contrabando, el reclutamiento forzado y las hostilidades a la población civil como por ejemplo el desplazamiento y confinamiento,entre otros.
Las respuestas dadas por las autoridades contra las bandas cuyos jefes y miembros que se encuentran en las cárceles persisten en seguir delinquiendo mediante extorsiones o dando órdenes para cometer homicidios, deben mantenerse y reforzarse.
El gigante operativo en las cárceles colombianas hay que repetirlo, cuantas veces sea necesario, hasta aislar y castiga judicialmente a los cabecillas y organizaciones delictivas que desde las celdas continúan haciendo de las suyas y afectando la seguridad en los diferentes municipios en que se encuentran sus cómplices.
A la Policía Metropolitana de Cúcuta, que ahora quedó dotada con el helicóptero Halcón para ejecutar sus labores de vigilancia, persecución y recolección de evidencias como patrulla aérea, la ciudadanía le plantea que ese fortalecimiento en sus equipos se traduzca urgentemente en contundentes golpes a las bandas criminales.
Esta zona del país necesita que empiecen a producirse los éxitos del accionar policiaco, tanto en el desvertebramiento de las estructuras del crimen organizado como en judicializar y condenar a los responsables, cerrándole la puerta a la impunidad que finalmente se convierte en aliada de una delincuencia que ha mutado hasta convertirse en transnacional.
Que Cúcuta salga de esa lista deshonrosa de las ciudades más violentas del mundo debe ser la meta inmediata de las diferentes autoridades y desde ahí comenzar a reducir los índices de todos los delitos, en una mezcla de acciones de operatividad, pero también de solución de necesidades y cierre de brechas sociales que generan exclusión y arrojan a muchos a los brazos de la criminalidad.
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