La destrucción provocada por el terremoto que asoló a numerosos municipios del Valle, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas, nos tiene que convocar a los cucuteños y nortesantandereanos a hacernos varias preguntas que no se pueden quedar sin respuesta.

Por ejemplo, ¿hay alguna evaluación del estado de las edificaciones públicas, como las alcaldías, hospitales y puestos de salud? 

¿Técnicamente se sabe si requieren reforzamiento o acciones más específicas de sismorresistencia? 

¿Si no han hecho este estudio altamente especializado,  lo van a  tener presente y procederán a hacer las gestiones requeridas para ello?

Levantar un análisis especializado en esa materia se enmarca dentro de la mitigación y prevención, lo cual en últimas permitirá salvar muchas vidas.

¿Se sabe en este momento cuál es el estado estructural de las edificaciones en que funcionan los colegios, escuelas y universidades del sector público en los 40 municipios de Norte de Santander?

¿Sabemos que el reforzamiento estructural en Colombia es obligatorio? Eso ni siquiera debería plantearse solamente porque aparezca como  medida obligatoria, sino efectuarlo por necesidad real en beneficio de la población en general. 

Eso es urgente hacerlo, determinar los recursos que se necesitan, saber si es necesario cambiar las sedes, o construir desde los cimientos otras o hacerles refuerzos especiales a las que así lo requieran.

Dicho análisis previo y la ejecución del plan de acción son de urgente puesta en marcha,  porque nuestra región tiene un antecedente histórico como lo fue el terremoto de Cúcuta, en mayo de 1875. Por lo tanto, no hay nada que esperar.

La prevención es la salida más efectiva y dentro de sus pasos se encuentra el de las acciones comentadas, porque todas esas estructuras públicas tienen una alta afluencia de personas y son esenciales para  la sociedad en general.

Cada medida adoptada y cada peso invertido en decisiones preventivas  como estas resultan siendo fundamentales y, debemos insistir, no se trata de un gasto, sino de una  opción que beneficiará a muchos, ante eventualidades de la magnitud que hoy enfrenta Colombia.

Llevar a cabo esta clase de valoración de vulnerabilidad sísmica se necesita con urgencia, también en áreas de la infraestructura vial (como puentes y túneles carreteros), de los servicios públicos, al igual que por parte  del sector privado, en edificaciones destinadas para diversas actividades.

Las administraciones nacional, departamentales y municipales deberían establecer una estrategia para que se tenga un mapa actualizado del riesgo sísmico .

Cúcuta vuelve a quedar en el ojo del huracán en cuanto a la microsismicidad que sigue siendo un insumo pendiente para incluirlo dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Y en el resto de Colombia esta cuestión relacionada con los movimientos telúricos debe llevarnos a volverla de carácter obligatorio no únicamente con planes de evacuación sino que la sismorresistencia sea la lógica.

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